- La mayoría de los centros carecen de protocolos por acoso sexual y violencia de género.
- La mitad de los organismos dejan sin rellenar los informes que evalúan las políticas de igualdad.
- El Gobierno propone delimitar responsabilidades y el desarrollo del teletrabajo para favorecer la conciliación.
La Administración General del Estado no ha llevado a efecto la inmensa mayoría de los objetivos marcados en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres y adolece de serias carencias en aspectos como la prevención de los casos de violencia de género, según consta en el Informe de Seguimiento del Plan sobre 13 ministerios y 52 organismos dependientes.
Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han redactado un informe en el que se analizan los incumplimientos a lo largo de 2011 y 2012 –el informe de por sí ya adolece de un año de retraso--. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en el colectivo de funcionarios, ha decidido divulgarlo para favorecer la concienciación sobre esta cuestión.
El plan, aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2011, supone el desarrollo de la Ley de Igualdad en este ámbito administrativo y contempla diferentes ejes de actuación: diagnóstico de situaciones de desigualdad, acceso al empleo público, desarrollo de la carrera profesional, ordenación del tiempo de trabajo, retribuciones o situaciones de especial protección. Pues bien, la ejecución del plan ha sido desigual e incompleta y sólo se ha ejecutado íntegramente una sola acción: los cursos de formación y sensibilización sobre la igualdad de trato (Página 85.)
Tal es la desidia, que la mitad de los centros de trabajo ni siquiera rellenan los formularios e informes que se requieren para evaluar la efectividad de las políticas de igualdad y sólo 16 centros directivos de los 30 que han aportado la información habrían realizado un diagnóstico.
De entrada, el informe reconoce que la Ley de Igualdad se incumple en la representación de mujeres en los altos cargos. La letra dice que no pueden ser menos del 40 por ciento, si bien la realidad es que las mujeres no llegan al 23 por ciento de media: ministros (28,5%), secretarios de Estado (24,1), subsecretarios (28,33), directores generales (27,3) y embajadores (13,6%). Los ministerios achacan esta realidad a que son personas de “mayor edad” nombrados por criterios de competencia profesional y experiencia, “donde generalmente han existido diferencias reseñables entre mujeres y hombres”.
Por otra parte, CSI-F llama la atención especialmente sobre la carencia de medidas para las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Menos de la mitad de los centros carecen de protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, y solo tres cuentan con un protocolo de movilidad para las víctimas. Además hay una gran desinformación y ausencia de indicadores para detectar y hacer un correcto seguimiento de este problema, su carrera profesional, su promoción, sus pérdidas retributivas. Esta es una de las debilidades más graves del Plan y se deben corregir en la elaboración del II Plan.
Tampoco hay estudios sobre la carrera profesional, promoción, retribuciones y acceso al puesto de las víctimas de violencia de género, ni tan siquiera información sobre la posibilidad de cambiar de puesto entre administraciones, como medida de protección ante el agresor.
Ante esta situación, el informe señala una serie de propuestas de mejora para la elaboración del II Plan de Igualdad, empezando por la necesidad de asignar con mayor claridad las responsabilidades de los departamentos en el desarrollo del Plan y mejorar los procedimientos para garantizar la implicación de las estructuras administrativas.
Impacto de los recortes sobre los empleados públicos
CSI-F también pide que se evalúe el impacto de género que han producido las medidas de recorte sobre los empleados públicos (incremento de jornada, restricción de ‘moscosos’, descuentos en la nómina por baja médica, entre otros) porque ya están generando un impacto negativo en las políticas de conciliación y en la brecha de la igualdad, aunque aún no se puede cuantificar.
En este mismo sentido, el informe manifiesta una brecha de género en el disfrute de permisos no retributivos. Es decir, los hombres tienden a corresponsabilizarse en la conciliación de la vida familiar y laboral sólo cuando les compensa en la nómina, no siendo
así en casos como enfermedad grave familiar, adopción, cuidado de menores de 12 años o cuidado de mayores. La diferencia es de un 88,15 por ciento para las mujeres, frente al 11,85 de los hombres.
CSI-F consiguió recientemente, con una campaña en los medios de comunicación, el reconocimiento del disfrute del permiso de lactancia a un empleado público, sin necesidad de que su mujer trabajase. Sin embargo, el ejercicio de este derecho aún no es homogéneo en el conjunto de la Administración, por eso pedimos que se incorpore dentro del II Plan de Igualdad.
En todo caso, las críticas de CSI-F son siempre constructivas y agradecemos el esfuerzo y el compromiso realizado por el Instituto de la Mujer, junto a las Comisiones de Igualdad y Unidades de Igualdad, y valora positivamente el salto cualitativo en el trabajo de los organismos de la administración, teniendo en cuenta las carencias que deben afrontar.
