Se le acusa de 162
delitos contra la intimidad de sus vecinos por la sustracción de misivas y se
solicita 243 años de cárcel. Por el robo del Códice Calixtino de la Catedral se
reclaman 18 años de prisión. Además, se pide le imponga una multa de más de dos
millones de euros.
El Juzgado número 3
de Santiago ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra José Manuel
Fernández Castiñeiras, el ladrón confeso del Códice Calixtino, para el que el
Ministerio Fiscal pide 243 años de prisión por 162 delitos contra la intimidad
por el robo de la correspondencia a vecinos. Cuando Castiñeiras fue detenido
por la sustracción del preciado manuscrito medieval, la policía encontró en su
casa cajas llenas de cartas, algunas de ellas con importante documentación
personal como notificaciones bancarias y citas médicas.
Según recoge el
auto del día 25 de marzo de 2014, el fiscal acusa a José Manuel
Fernández Castiñeiras de 162 delitos contra la intimidad y pide para
él 18 meses de prisión por cada uno de los delitos y multa de 15 meses con una
cuota diaria de 30 euros, así como una indemnización por "daño moral"
de 1.000 euros para 19 personas. En total,esto supondría 243 años de prisión y una multade 2.187.000
euros por el robo continuado de correspondencia privada de sus vecinos.
Asimismo, contra el acusado también se ha formulado escrito de acusación por
parte de la acusación particular, que imputa a Castiñeira 295 delitos
contra la intimidad.
En este caso, la
acusación solicita 36 meses de prisión por cada uno de los delitos, lo que
sumaría una pena total de 885 años de cárcel. Además, la acusación particular
reclama una multa de 20 meses con cuota diaria de 30 euros, lo que suponen
5.310.000 euros. Para los perjudicados, un total de 21, pide indemnizaciones de
entre 1.100 y 7.800 euros.
Esta abultada cifra
contrasta con la petición que hizo la Fiscalía el año pasado cuando redactó el
escrito de acusación sobre el robo del Códice. Antonio Roma solicitó para el
ladrón confeso una pena de 18 años de prisión y dos para cada uno de los
parientes acusados (su mujer y su hijo). El fiscal eximía de toda
responsabilidad a cualquier representante de la Iglesia, que en su escrito
acusó a Castiñeiras de un delito de robo continuado con fuerza, otro de robo
con fuerza, seis delitos contra la intimidad y otro de blanqueo por los que
pidió 31 años. Para facilitar la gestión de la causa, el juzgado decidió
dividir en dos partes la causa inicial. En la principal se instruyó lo
relativo al Códice, al dinero y a otros objetos de la Catedral localizados en
su domicilio. La segunda se centró en la sustracción de correspondencia
de sus vecinos.
“Cuando vi allí en
el juzgado, metidas en una caja, mis cartas y las de mi marido, me derrumbé”,
dice una vecina de la travesía de O Milladoiro. Le basta con el sufrimiento que
le causa saber que el ex electricista de la catedral, José Manuel Fernández
Castiñeiras, y probablemente también su esposa y su hijo, estaban al tanto de
las miserias de cada casa, y en su caso de enfermedades y alguna operación “de
mujer” que ella siempre quiso mantener en secreto. Fue convocada en el juzgado
de Instrucción número 2 de Santiago, encargado del sumario sobre el robo del
Códice, el martes pasado. Tenía que identificar las cartas y documentos de su
propiedad que obraban en poder del ladrón del manuscrito medieval el día de la
detención. Según fuentes del juzgado que dirige José Antonio Vázquez Taín, en
los sucesivos registros que se llevaron a cabo aquellos días de julio aparecieron
papeles comprometidos de medio centenar de personas, entre vecinos de O
Milladoiro, del piso que tiene junto a la playa de A Lanzada, y sacerdotes de
la catedral.
El autor de
los hechos controlaba los buzones de sus vecinos, y no le bastaba con leer el
contenido de las cartas. Aunque fuesen
notificaciones cruciales para el prójimo, muchas veces también vitales, el
electricista no hacía llegar a sus dueños los papeles hurtados. Según las
mismas fuentes judiciales, en su casa retuvo mucha información médica y
económica cuya falta complicó la vida de los vecinos. Robaba incluso los avisos
de Correos para recoger sobres certificados.
Un hombre del
edificio tuvo que viajar a Valencia para conseguir de nuevo unos informes sobre
la enfermedad de un pariente que reclamaba la Xunta para continuar el
tratamiento. Una mujer habría necesitado (y no la recibió) la documentación
sobre una intervención quirúrgica para tramitar su jubilación. Otra persona,
relatan estas fuentes, terminó pagando una clínica privada porque todo el
papeleo del Sergas quedó archivado en la primera planta del edificio, en la
discreta casa de Castiñeiras. Él lo sabía todo de todos y los demás no
sabían absolutamente nada de él, ni lograban arrancarle una palabra en el
rellano de la escalera.
El ladrón era tan
desconfiado que en su propia casa iba poniendo marcas en todas partes para
descubrir si alguien le quitaba algo o fisgaba en sus tesoros. También llevaba
cuidadosa cuenta de todo lo que robaba y había subrayado en el Código
Penal todos los delitos que ahora se le imputan. Sabía a lo
que se enfrentaba si algún día salían a la luz sus actividades. Uno de los
señalados, obviamente, era el delito contra la intimidad de las
personas que él conscientemente perpetraba como rutina.
Si esos 50
afectados decidiesen personarse en la causa, se trataría del delito por
el que más tiempo de prisión le podría llegar a caer, hasta 20 años solo por
este motivo. Aparte estarían las penas relativas al robo del Códice y del
dinero, y el delito de blanqueo de capitales”.
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