Asimismo, según los mismos datos, se ha producido una merma
de 3.224 efectivos en los ámbitos de la Seguridad Social y de 1.351 en la Agencia Tributaria, un personal fundamental para la concesión de prestaciones sociales a los españoles, en un periodo muy grave de crisis económica, y para la lucha contra el fraude fiscal.
Los datos del registro de personal están afectados por la congelación de empleo público de los últimos años. Así, en el sector de la justicia, los números indican que se ha producido un incremento de 5.000 efectivos. No obstante, desde 2010, no se han vuelto a crear nuevos Órganos Judiciales por lo que las plazas ofertadas y convocadas desde ese año no han engrosado la plantilla. Únicamente se han convertido
plazas ocupadas por interinos en plazas ocupadas por personal titular, pero plazas todas ellas, ya existentes.
Por administraciones, en este periodo, se han perdido un total de 60.235 efectivos en la
Administración Pública Estatal; 63.673 en las administraciones de las
comunidades autónomas y 81.228 en
Ayuntamientos.
En la
Administración General del Estado destaca además el progresivo envejecimiento de las plantillas. Si en 2010, el 44 por ciento de la plantilla tenía más de 50 años, esta proporción se ha elevado al 60 por ciento (más de 16 puntos en cinco años), hasta un total de 119.518 personas que se jubilarán en menos de 15 años.
De estos, 26.000 tienen más de 60 años (edad a la que los funcionarios pueden acogerse a la jubilación), por lo que dejarán de trabajar de manera inminente, agravando aún más el problema de las plantillas, el incremento de la carga de trabajo y los niveles de calidad en la asistencia a los ciudadanos.
Asimismo, destaca el deterioro de la calidad en el empleo. Según la EPA, la tasa de temporalidad en la administración se ha disparado hasta alcanzar el 22 por ciento, con 658.000 trabajadores temporales, mientras que hace dos años y medio esta cifra se situaba en 559.000.
Por su parte, el último Boletín Estadístico muestra como
el personal con contrato de duración inferior a seis meses en ministerios y agencias estatales se ha más que doblado en los últimos seis meses, pasando de 805 a 1.860.
Esta situación, unida a la no reposición de plazas del personal que se jubila responde a un plan premeditado de reducción de empleo por parte de nuestros representantes políticos.
Por otra parte, la
destrucción de empleo ha sido generalizada en todas las comunidades autónomas, independientemente del signo político, siendo las reducciones más significativas en
Andalucía (-35.736); Madrid (-37.205) y Castilla-La Mancha (21.542).
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
En términos de la
Encuesta de Población Activa (un sistema estadístico que incluye categorías de personal del sector público en sentido amplio, incluyendo las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas), la destrucción de empleo es mucho mayor: 320.200 puestos de trabajo menos, en este caso respecto al último trimestre de 2011 cuando, según esta encuesta, empieza la sangría en el empleo.
Según la última encuesta, correspondiente al tercer trimestre de 2015, la principal pérdida de puestos de trabajo se ha producido en las
administraciones autonómicas (-189.400),seguido de los
ayuntamientos (-62.500), la
Administración Central y Seguridad Social (-43.700 y -9.500, respectivamente) y por último las
empresas públicas, con una pérdida de 11.700 empleos.
Este último dato, contrasta con el deterioro que se ha producido en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar como la
Educación y la Sanidad, con 116.000 empleos perdidos (66.000 en sanidad y servicios sociales y 50.000 en nuestras escuelas y universidades).
Respecto a las empresas públicas, CSIF quiere denunciar el caso singular de Tragsa, empresa cuya gestión depende en último término del Gobierno a través de la SEPI, donde se ha consumado un ERE sobre más de 1.300 personas, pese a que este grupo da beneficios.
DATOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En términos de Seguridad Social, según los últimos datos correspondientes al conjunto de 2015, en contra de la tendencia general, el sector de la Administración Pública se queda fuera de la creación de empleo, con
13.162 puestos de trabajo perdidos a lo largo de 2015. De hecho, es el sector con mayor número de bajas en la Seguridad Social en la economía española en el último año.
Además, en la Educación, durante los meses de de
junio, julio y agosto se dan de baja de manera estacional cerca de 200.000 empleos. Muchos de ellos después son contratados con contratos por días o incluso por horas. Mientras tanto, las fluctuaciones en la sanidad de personal interino nos sitúan todos los años con
un déficit de personal de en torno a los 54.000 profesionales durante los meses de invierno, una época en la que se produce tradicionalmente la campaña de la gripe, con colapsos en las urgencias.
Desde CSIF rechazamos que la educación y la sanidad española se conviertan en sectores de empleo estacional, tal y como ocurre, por ejemplo con la hostelería o el campo.
PACTO DE ESTADO Y PLAN URGENTE DE RECURSOS HUMANOS
En este sentido, CSIF urge a las diferentes fuerzas políticas e iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que incluyan en sus conversaciones la necesidad de un pacto en materia de Administraciones Públicas. Este pacto debería incluir de entrada
un Plan urgente de recursos humanos para determinar las necesidades de las plantillas y convocar una oferta de empleo público acorde a la situación. También, reclamamos la recuperación del poder adquisitivo perdido, la devolución íntegra de la extra eliminada en 2012 y las condiciones laborales dañadas durante estos años, como los descuentos por baja médica.
Desde CSIF, reclamamos un programa de crecimiento y progreso para este país
. Los partidos deben hacer un ejercicio de responsabilidad y altura política y buscar un común denominador que, a tenor de los diferentes programas podría pasar por:
un programa de reformas de regeneración política, con una gestión transparente y eficaz de las cuentas públicas; reformas de carácter social y defensa de los servicios públicos; así como un acuerdo en materia laboral que favorezca la creación de empleo de calidad y estable.
