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jueves, 23 de septiembre de 2021

CSIF RECLAMA UN CONCIERTO SANITARIO CON LAS MUTUALIDADES CON UNA FINANCIACIÓN QUE GARANTICE LA CALIDAD ASISTENCIAL

- CSIF urge a Hacienda para que cierre ya el concierto para los próximos años: No permitiremos que dejen morir el modelo Muface por inanición

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno que cierre ya el concierto sanitario con las aseguradoras para los próximos años.

CSIF manifiesta su preocupación ante el retraso del acuerdo entre Hacienda y las citadas compañías, la falta de transparencia por parte del departamento de María Jesús Montero y las quejas trasladadas por las entidades médicas sobre el déficit de financiación de este sistema.

En este sentido, CSIF exige un concierto que cuente con una financiación suficiente que garantice la calidad asistencial del millón y medio de personas acogidas a Muface.

Se da la circunstancia de que el Gobierno destinó un fondo de 16.000 millones a las comunidades autónomas para hacer frente al sobrecoste de hospitalizaciones y tratamientos derivados del covid en la sanidad pública. Sin embargo, la atención sanitaria al colectivo de funcionarios mutualistas no ha recibido ninguna compensación para hacer frente al gasto ocasionado por el virus, por lo que tememos que las aseguradoras intenten minimizar el coste del servicio y por tanto redunde en la calidad de las prestaciones o en la continuidad del concierto. Estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia.

En CSIF, reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración.

Desde CSIF no vamos a permitir que se deje morir Muface por ‘inanición’, un modelo que está continuamente en el punto de mira e insistimos en el hecho de que la Administración está obligada a garantizar su continuidad. Recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento histórico en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria.

Por tanto, surge no como un privilegio sino como un modelo de seguridad social nacido para corregir una discriminación que padecían los funcionarios respecto al resto de ciudadanos españoles y sigue sin ser un privilegio en la actualidad, aunque algunos se encarguen en intentar hacer ver lo contrario, con criterios ideológicos. Recientemente el Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva.

Además, la atención sanitaria que realizan estas entidades se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y están enmarcadas en las prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud.

Traspaso de competencias a la Seguridad Social

La iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.

El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó un real decreto con medidas extraordinarias para paliar los efectos del covid para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. Esta iniciativa ha sido frenada de momento por el Tribunal Constitucional por defectos formales.

Desde CSIF vamos a seguir siendo centinelas de este modelo. Se trata de un derecho de los funcionarios mutualistas es una obligación del Gobierno mantenerlo para garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que en la sanidad pública.






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