Ante cualquier tipo de violencia o
abuso reaccionemos, ell@s también lo sufren
La
Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones
públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al Día
Internacional de la Discapacidad, que celebramos el 3 de diciembre, desde la
convicción en que las personas con capacidades diferentes deben tener las
mismas oportunidades para poder vivir en libertad y el derecho a ser protegidas
ante la violencia.
En
esta edición, CSIF quiere llamar la atención sobre el maltrato que sufren las
personas con discapacidad, un problema muchas veces silenciado, en el ámbito
familiar, por parte de sus propios cuidadores, a nivel laboral… así como las
situaciones de potencial violencia que pueden sufrir en su vida cotidiana.
Además,
las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono,
trato negligente, denigrante malos tratos o explotación. Por eso reclamamos que
los espacios laborales sean espacios protegidos, donde las personas con
discapacidad se encuentren protegidas en igualdad que el resto, a condiciones
de trabajo seguras y saludables.
EXIGIMOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONTRA
LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO EN EL AMBITO LABORAL CON PERSPECTIVA DE LA
DISCAPACIDAD.
Por
eso, desde nuestro área de Responsabilidad Social y la Secretaría de Igualdad
pedios que os suméis a CSIF contra los abusos a las personas con discapacidad.
La violencia es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días y su
disminución y eliminación dependen de factores tan importantes como la
prevención, detección, intervención y seguimiento.
Asimismo,
en el marco de este Día Internacional, CSIF reclama al nuevo Gobierno y al
resto de fuerzas parlamentarias que promuevan un plan estratégico de
integración de las personas con discapacitadas, que cuente con perspectiva de
género.
Las
personas con discapacidad suponen un 8% de la población total española. Son 2,8
millones de personas en España las que tienen reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Aunque
la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 y el RDL 1/2013 Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social obliga a
la Administración a la aplicación de medidas positivas para facilitar el
trabajo de las personas con discapacidad, a realizar acciones de mejora de la
accesibilidad y de acciones que promocionen el empleo de las personas con discapacidad,
lo cierto es que en el porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla
de la Administración General del estado es del 2,7% y en el caso de la
discapacidad intelectual solo del 0,20%.
La
propia Administración que debería realizar una labor ejemplarizante, apenas
incorpora clausulas sociales en la contratación pública para favorecer el
empleo de las personas con discapacidad y el sector privado solo el 79.4% del
total de las personas asalariadas que trabajan en empresas de 50 o más personas
trabajadoras, lo hacen en entidades que no cumplen con la cuota de reserva
según el último informe de la Fundación ONCE-ODISMET. En el caso de las
condiciones de seguridad solo algunas unidades en la administración implantan
algún procedimiento específico de actuación que incorpore la perspectiva de la
discapacidad.
Los
protocolos contra la violencia en el trabajo vigentes rara vez incorporan la
perspectiva de la discapacidad. La violencia golpea con más fuera a las
personas discapacitadas más vulnerables y presa fácil de los ataques y
atropellos solo por el hecho de tener diferentes capacidades.
Solo
con programas integrales para la detección precoz del problema, con una
inversión en sensibilización, interviniendo en la educación y con seguimiento
podremos poner fin a este grave problema.
CSIF STOP AGRESIONES
