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viernes, 2 de diciembre de 2016

CSIF EXIGE A HACIENDA QUE DETALLE EL AJUSTE DE 900 MILLONES EN LA MESA GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El sindicato propone hablar de duplicidades, exceso de asesores o eliminar gastos superfluos, pero no aceptará nuevos recortes en empleo ni en condiciones laborales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclamó hoy al Ministerio de Hacienda la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para detallar el ajuste de 900 millones anunciado en el Congreso de los Diputados por el ministro Cristóbal Montoro.

CSIF manifestó su preocupación ante este anuncio y advierte de que no aceptará nuevos recortes, ni en el empleo ni en las condiciones laborales de los empleados públicos. Por el contrario, sí que hay margen para realizar ajustes con el fin de evitar duplicidades administrativas, gastos superfluos, exceso de asesores o inversiones mal empleadas que en el pasado agravaron los efectos de la crisis.

CSIF reitera su voluntad de negociación, desde el espíritu del contacto iniciado este mes con la secretaria de Estado para la Función Pública, Elena Collado. Después de un año con el Gobierno en Funciones, la secretaria de Estado trasladó a CSIF la voluntad del Ministerio de Hacienda de negociar y llegar a acuerdos, en la línea que manifestó el propio ministro, tras los esfuerzos realizados por los empleados públicos, durante la crisis económica.

En este sentido, teniendo en cuenta que el Gobierno ultima el techo presupuestario, se hace preciso empezar a negociar. CSIF pretende alcanzar un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos años y el 5 por ciento de bajada se produjo en 2010.

Asimismo, quedan pendientes revertir recortes como los descuentos por baja médica y derogar el decreto que impide negociar mejoras en la jornada laboral, como las 35 horas que recientemente se han aprobado por parte de la Junta de Andalucía.

CSIF también reclama desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública en cuestiones pendientes como la evaluación del desempeño, que permitiría evaluar de manera objetiva la labor que desarrollan los empleados públicos de cara a su promoción profesional y desterrar la campaña de desprestigio que se ha promovido estos años desde diferentes sectores sobre la opinión pública.

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