El
sindicato intensifica la interlocución para impulsar una oferta de empleo
público sin tasa de reposición y las 35 horas, en la próxima Conferencia de
Presidentes
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con
presencia creciente en el sector privado, rechaza que se utilice una vez más a
los empleados públicos como moneda de cambio, en este caso, en la negociación
que debe llevar a cabo el Gobierno con las diferentes fuerzas parlamentarias
para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
CSIF lamenta que el ministro de Hacienda haya
rehusado concretar lo que ocurrirá con las retribuciones o la oferta de empleo
público de empleo en la Comisión celebrada hoy en el Congreso de los Diputados,
donde acudió a explicar las líneas generales de su departamento, pese a las
preguntas planteadas por los diferentes grupos parlamentarios.
No es de recibo que a 12 de enero, los más de 2,5
millones de empleados públicos de este país todavía no sepan qué va a ocurrir
con sus retribuciones, ni si se van a reforzar las plantillas, pese a las
necesidades urgentes de personal que se están evidenciando, como por ejemplo,
en las urgencias hospitalarias por la epidemia de gripe.
El propio ministro de Hacienda –que desde la
conformación de Gobierno aún no se ha reunido con las organizaciones
sindicales—ha reconocido hoy la necesidad de que los empleados públicos
recuperen el poder adquisitivo. Pues bien, ha llegado el momento de sentarse a
negociar, porque así lo reclaman los miles de empleados públicos, responsables
de los servicios que reciben nuestros ciudadanos, cuyo esfuerzo está
permitiendo a este país salir de la crisis económica.
Mientras tanto, CSIF está intensificando la
interlocución para que la Conferencia de Presidentes que se celebrará el
próximo martes, acuerde una oferta de empleo público amplia, en la que se
elimine la tasa de reposición.
También es preciso abordar otras cuestiones, como la
necesidad de revertir recortes aún vigentes (los descuentos en la nómina por
baja médica), o la generalización de la jornada de 35 horas semanales en el
conjunto del Estado, como una medida de mejora de la calidad de los servicios y
creación de empleo.
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