Entre esos servicios figura el voto
por correo "ordinario" por el que Correos pone a disposición de los
interesados los impresos de solicitud que entregará al Censo
Fuente: elconfidencial.com
El Consejo de Ministros ha aprobado
este viernes destinar 38 millones de euros para compensar a la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos sus obligaciones de servicio público como prestador del
servicio postal universal en las elecciones generales del 26 de junio.
Según la información facilitada por el Ejecutivo, Correos tiene la condición de operador designado por el Estado para la
prestación de este servicio y le corresponde prestar los servicios postales
necesarios para el desarrollo normal del proceso electoral en curso.
Así, se ha previsto una compensación a Correos de 38 millones de euros por
el gasto en el que incurrirá dicha sociedad por el cumplimiento de estas
obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los costes reales de los
servicios prestados.
Entre esos servicios figura el voto por correo "ordinario" por el
que Correos pone a disposición de los interesados los impresos de solicitud
que, una vez rellenados, facilitará a las delegaciones provinciales de la
Oficina del Censo Electoral.
Además, entregará a los electores de la documentación electoral remitida
por la Oficina del Censo por correo certificado y se encargará de recibir la
documentación electoral remitida por el elector por correo certificado, y
entregarla a la mesa electoral correspondiente.
Correos deberá asimismo llevar a cabo las actuaciones necesarias para que
puedan ejercitar su derecho al voto por
correo los electores residentes ausentes, los temporalmente ausentes, el
personal embarcado, los miembros de las Fuerzas Armadas embarcados o en
situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional, así como los
internos en centros penitenciarios.
Además, enviará a los electores las tarjetas
censales en las que figuran los datos necesarios para que puedan ejercer su
derecho al voto, remitirá a los ayuntamientos las listas del censo electoral y
las listas de votación, y notificará las resoluciones de dicha Oficina que
resuelvan las reclamaciones de rectificación del censo.
Se encargará por último de recoger la documentación electoral en las mesas
electorales el día de la votación y del envío de la propaganda electoral de los
partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores.
Una tarifa especial
A los envíos postales de propaganda electoral de los partidos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, que tendrán el carácter
de ordinarios, se aplicará la tarifa postal especial de 0,006 euros.
Todas esas obligaciones tendrán que prestarse, con carácter general, entre
el día en el que se publique la convocatoria de las elecciones -el pasado 3 de
mayo- y los cien días siguientes al fijado para la celebración de la votación,
que son el plazo previsto para la disolución de las juntas electorales
provinciales y de zona, conforme se prevé en la normativa electoral.
El coste de dichas obligaciones, que tendrá la naturaleza de compensación,
será el resultado de la aplicación del precio de cada una de las actuaciones de
servicio público conforme a unas tarifas similares a las elecciones al
Parlamento Europeo de 2014.
Para el Gobierno, es una tarifa
"asequible" y orientada a cubrir los costes reales del servicio
en función del número final de servicios realizados.
La estimación del coste final en este concepto es de 38 millones de euros,
cifra que fue la gastada con motivo de las elecciones del 20 de diciembre de
2015.
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