Las Cámaras han gastado
3,5 millones de euros en indemnizar a senadores y diputados tras la legislatura
más corta en democracia. Algunos han renunciado a cobrar la asignación
FUENTE.- EL PAÍS, 30
JUN 2016
111 días. Apenas cuatro meses duró la legislatura más corta de la historia de
la reciente democracia española. Después de que los cuatro principales partidos fracasaran al intentar llegar a un acuerdo,
las Cortes se disolvieron el 3 de mayo. Pero los diputados y senadores
siguieron percibiendo un sueldo, conocido como el paro
de sus señorías, durante casi dos meses. Según cálculos de EL PAÍS,
esta asignación ha supuesto para las arcas públicas 3,5 millones de euros.
El paro de los parlamentarios se llama oficialmente
indemnización de transición, y existe tanto en el Congreso como
en el Senado.
No se cobra de forma automática, sino que hay que solicitarlo, es incompatible
con otros ingresos y pretende compensar los casi dos meses que pasan entre la
disolución de las Cortes y el día de las nuevas elecciones. En este caso, la XI
legislatura, 54 días en los que no ha habido actividad parlamentaria.
Mientras las Cámaras no están reunidas, las sustituye la Diputación Permanente,
cuyos miembros (77 en el Senado; 121 en el Congreso, entre titulares
y suplentes) no pueden optar a la indemnización de transición porque
siguen cobrando sus sueldos con normalidad. Quienes renuncian a los dos meses
deparo son minoría. Solo hubo 26 diputados y 13
senadores que no lo solicitaron. Es decir, el 11,4% y el 6,7%, respectivamente,
de quienes podían optar a estar compensación.
El paro de sus señorías, que no tienen derecho a prestación por desempleoporque
no son asalariados, se incorporó al reglamento de pensiones
parlamentarias en 2006, aunque existe desde 2000 gracias a un
acuerdo conjunto de las mesas de Senado y Congreso. “Con el régimen de
incompatibilidades existente, muchos no pueden trabajar y se quedarían dos
meses sin ingresos”, explican fuentes del Senado. “El objeto es que los
diputados puedan tener ingresos durante la campaña para evitar que se
reincorporen a su puesto de trabajo y lo vuelvan a dejar una vez elegidos
(faltando al trabajo para hacer campaña...)”, aseguran desde el Congreso.
Retribución polémica
La brevedad de la XI legislatura ha supuesto un desafío para los
presupuestos de las cámaras, que por primera vez han tenido que pagar dos
indemnizaciones a la vez. Mientras en mayo y junio han abonado los 3,5 millones
del paro de los últimos parlamentarios, también han tenido
que seguir pagando la llamada “indemnización por cese” a quienes acabaron su
mandato en la X y no encuentran trabajo.
Tras la constitución de las nuevas cámaras después del 20-D, un total de 64
exdiputados tuvieron derecho a esta indemnización porque no estaban trabajando
ni recibían otra prestación. Cada beneficiario recibe estos pagos en función
del número de años que haya ocupado su escaño (un mes por año), con un máximo
de 24 mensualidades. A 30 de abril, ya eran solo 27.
En este caso, a diferencia de la indemnización de transición, únicamente se
percibe la asignación constitucional, es decir, 2.814 euros. Ana Mato,
exministra de Sanidad, la estuvo cobrando al menos hasta febrero. En el último documento publicado por
el Congreso ya no aparece.
En el Senado, a 1 de junio, todavía había 14 exsenadores de la X
legislatura que se beneficiaban de esta ayuda porque no se han reincorporado al
mundo laboral. Aún tienen pendientes de cobro entre dos y 14 meses de
asignación constitucional.
Mucho menos conocida que otras retribuciones de los parlamentarios, esta
indemnización genera controversias entre algunos partidos y diputados. No tanto
por recibir esta asignación como por su importe, ya que se pagan complementos
relacionados con una actividad parlamentaria inexistente que algunos consideran
poco éticos. Es el caso de Podemos, que tiene previsto incluir este asunto en
un punto del próximo orden del día de la dirección. O del PSOE, que según un
portavoz va a “estudiar” proponer que no se pueda cobrar el sueldo íntegro.
“Cobrar por ser miembro de comisiones disueltas es cuestionable”, admite esta
fuente.
Odón
Elorza, diputado por el PSOE en las dos últimas legislaturas, y
antes alcalde de San Sebastián, critica abiertamente esta asignación. “No me
parece ético cobrar por las dietas de alojamiento cuando es un periodo no hábil
y los diputados ni siquiera están en Madrid”, afirma Elorza, que al acabar la X
legislatura devolvió parte de la indemnización de transición, tanto lo recibido
por dietas como lo que percibió por ser vicepresidente de una comisión.
Le costó semanas hacer el trámite porque nunca se había dado el caso de que
un diputado quisiera devolver dinero; no se había establecido ninguna fórmula
para hacerlo. Finalmente, en diciembre de 2015, hizo una transferencia a un
número de cuenta del Congreso y solo se quedó la asignación constitucional
(2.800 euros) “al no tener derecho como diputado a la percepción del seguro de
desempleo y no percibir ningún otro ingreso en ese tiempo”, explica.
Elorza incluso propuso por escrito a su grupo que los diputados socialistas
renunciaran a las dietas y los complementos y devolvieran el dinero al Congreso
o, si no fuera posible, al menos donaran esas cantidades a una ONG. Asegura que
se creó una situación incómoda y que le pidieron que no insistiera. La
indemnización, concluye, “debería ajustarse más a la realidad y ser más
reducida”.
Íñigo Alli Martínez, de UPN (grupo Mixto), es uno de los 26 diputados que
no solicitó la prestación en mayo. “He renunciado por una sencilla razón: no
nos lo merecemos”, asegura. “Me he ganado el sueldo porque hemos registrado 36
iniciativas tras escuchar a muchos colectivos, estudiar leyes y proponer
cambios y reformas”, dice. "Pero tras seis meses de incapacidad para
acordar y ceder... No merezco una indemnización que pagan los españoles cuando
finaliza una legislatura. Me avergüenza".
Los diputados que cesaron al final de la XI legislatura han podido seguir
usando sin coste la tableta iPad, el móvil que les cede el Congreso (un
iPhone) y la conexión ADSL a internet que les instala en sus domicilios
particulares. Así lo acordó la Mesa del Congreso de los Diputados en una
reunión el 27 de abril pasado.
Las líneas de telefonía móvil y ADSL se han mantenido "en situación de
alta" hasta que "una vez celebradas las elecciones se realicen las
gestiones oportunas para dar de baja las líneas o cambiar la titularidad"
si los diputados no son reelegidos, asegura la comunicación recibida por los
diputados, a la que tuvo acceso EL PAÍS. El módem se lo pueden quedar
"dado su escaso valor y nulo coste para la Cámara". El iPad tienen
que devolverlo para que lo use otro diputado.
Cuando terminó la X legislatura, en diciembre pasado, la mayoría de
diputados compró al Congreso el iPad que habían estado utilizando por 50 euros.
Los aparatos tenían cuatro años de uso. En este caso, los parlamentarios han
usado cuatro meses un iPad Air 2 que costó casi 760
euros. SI se les da la posibilidad de comprarlos, tendrá que ser a
su valor de mercado, todavía muy elevado.
Tampoco David Bravo, de Podemos, pidió la indemnización. “Al terminar la
legislatura me reincorporé a mi oficio de abogado”, explica. Sin embargo, desde
un punto de vista ético, asegura que ve “lógico que quienes están en un periodo
entre legislatura y legislatura cobren para poder sostenerse durante ese
tiempo”. “Pero la cantidad me parece claramente excesiva”. Podemos somete esa
asignación a su código ético de tres salarios mínimos. El
resto se dona al Proyecto Impulsa para financiar iniciativas sociales, señala
un portavoz.
El PP asegura sobre este asunto que “respeta las decisiones de la Cámara y
la decisión individual de los diputados”.
Sueldos íntegros
En mayo y junio, con las Cortes disueltas, 181 senadores cobraron 8.345 euros
cada uno, mientras 203 diputados percibieron una media de
10.000 euros. El Senado es bastante más transparente que el Congreso a la hora
de especificar estos sueldos poco conocidos. Además de publicar la lista de los
parlamentarios que han solicitado la indemnización, señala que reciben exactamente
154,54 euros por cada uno de los 54 días entre la disolución de
las Cortes y las elecciones.
Obtener esos datos en el Congreso es más complicado porque los salarios son
variables y la Cámara no proporciona la media. Según cálculos de este diario,
los diputados en el paro perciben,
de media, unos 10.000 euros en esos casi dos meses. Es decir, cobran su sueldo
íntegro pese a no estar en Madrid ni trabajar en comisiones.
El sueldo de un diputado es bastante más abultado de lo que cree porque los
2.813 euros brutos al mes de la llamada “asignación constitucional” son solo
una especie de sueldo base. A esta cantidad hay que sumar otro concepto, las
dietas de alojamiento y manutención (exentas de tributación) por las que los
diputados perciben 871 euros si han sido electos por Madrid y 1.824 si son de
fuera.
Se trata de un complemento muy polémico, puesto que lo reciben diputados
que tienen casa (o casas) en Madrid pero que han sido elegidos por otras
provincias. Es el caso del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que no ha
renunciado a cobrarlo pese a que tiene tres viviendas en propiedad en Madrid, como indica él mismo en su declaración de bienes.
Podemos- En Comú Podem-Mareas (11)
Pedro Arrojo
|
Eduardo Maura
|
Amparo
Botejara
|
María del
Carmen Pita
|
David Bravo
|
Alberto
Rodríguez
|
Sofía
Fernández
|
María
Victoria Rosell
|
Segundo
González
|
Noelia Vera
|
María Belén
Guerra
|
|
PP (10)
M. Carmen
Álvarez-Arenas
|
Antonio
González Terol
|
Isabel María
Borrego
|
José María
Lassalle (en el Gobierno)
|
Tomás Burgos
(en el Gobierno)
|
Miguel
Lorenzo
|
Celso Luis
Delgado
|
José Vicente
Marí
|
José María
Eiros
|
Alejandro
Ramírez
|
Grupo Mixto (2)
Íñigo Alli
(UPN)
|
Onintza
Enbeita (Bildu)
|
PSOE (1)
María Dolores
Galovart
|
Esquerra (1)
Ana María
Surra
|
* El número 26 es José María García Urbano, del PP, que dejó su acta antes de terminar la legislatura.
Aún hay que sumar otro complemento en función del cargo: miembro de la
Mesa, de la Junta de Portavoces o de las comisiones (presidentes, portavoces,
secretarios, portavoces adjuntos…) Hay tantos cargos que la gran mayoría de
diputados cobra uno de estos pluses, que oscilan entre los 700 y los 3.000
euros, lo que hace que su sueldo medio alcance en realidad unos 5.600 euros
brutos al mes en 14 pagas. El Congreso no facilita esta cifra, pero se puede
obtener de forma aproximada calculando las partidas destinadas a salarios de
los diputadosen la ejecución del presupuesto de
2014, la última completa y detallada disponible.
Los parlamentarios reciben esta indemnización siempre y cuando no tengan
ningún tipo de ingreso, ni público ni privado. De ahí que algunos miembros del
Gobierno estén entre los senadores y diputados que no la han solicitado. En el
Senado, por ejemplo, es el caso de Susana Camarero, secretaria de Estado de
Servicios Sociales e igualdad, o de Marcial Marín, secretario de Estado de
Educación. En el Congreso, Tomás Burgos (secretario de Estado de la Seguridad
Social) y José María Lassalle (secretario de Estado de Cultura) están entre los
que no lo han pedido porque cobran otro sueldo.
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DEFENDIENDO LA DIGNIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO
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