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miércoles, 18 de julio de 2018

REUNIÓN COMISIÓN CENTRAL DE EMPLEO CENTRAL



Os informamos que Correos  ha convocado a CSIF a la reunión de la Comisión de Empleo Central que tendrá lugar mañana jueves día 19 de julio a las 12:00 horas para tratar el tema de las “Bolsas de empleo temporal”.



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CONVOCADOS LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA DE MUFACE 2018



El BOE del 17 de julio publica los programas de ayudas sociales de Muface para 2018 de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Mutualidad del pasado 10 de julio.  La convocatoria, de carácter anual, se ciñe al principio de continuidad presupuestaria plasmado en la recién aprobada Ley de Presupuestos, por lo que se mantienen los programas de anteriores convocatorias, priorizando los destinados a satisfacer necesidades no atendidas por otros organismos públicos.

La concesión de ayudas queda desglosada en los siguientes apartados:

1.- Programa para facilitar la autonomía personal. Contempla ayudas para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual; ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas y ayudas para aparatos o utensilios destinados a facilitar la vida diaria de las personas con discapacidad o dependencia.
2.- Ayudas a enfermos psiquiátricos crónicos.
3.- Ayudas para tratamientos y terapias de drogodependientes.
4.- Programa de atención para estancias temporales en residencias asistidas o centros de día y noche durante los periodos de convalecencia con pérdida transitoria de autonomía.
5.- Ayudas a enfermos celíacos.
6.- Ayudas a enfermos onocológicos, tales como prótesis capilares o sujetadores postmastectomía.
7.- Programa de prolongación de efectos de las antiguas ayudas de protección  sociosanitaria, para quienes, reuniendo los requisitos de discapacidad y/o dependencia y económicos correspondientes, no tengan reconocido el derecho a prestaciones concedidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Para más información: BOE de 17 de julio de 2018




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martes, 17 de julio de 2018

ESTAMOS EN ELLO


No era fácil llegar hasta aquí. Pero lo hemos conseguido. No era fácil imaginar que el Gobierno fuese a eliminar en la Administración los descuentos en la nómina por baja médica, pero lo hemos logrado. Tampoco era fácil imaginar que, a día de hoy, estuviesen dadas las instrucciones para el alza salarial del 1,75% en la nómina de los funcionarios en el mes de agosto, pero ya están dadas. Y tampoco era fácil imaginar que dos comunidades como Andalucía y Extremadura fuesen a aprobar las 35 horas semanales. Es más, la Junta de Andalucía ha ampliado hasta 20 semanas los permisos de paternidad y maternidad en 2020 para los empleados públicos.

En realidad, todo esto no es más que el resultado de la lucha sindical y de nuestro sindicato, CSIF, que hoy reivindica con motivo que la paciencia siempre encuentra su momento. Por eso a los trabajadores laborales de las entidades públicas que nos preguntan si ellos también tendrán derecho a estas medidas, podemos prometerles que estamos en la lucha. Que lo estamos pidiendo. Que lo estamos exigiendo. Y no dejamos de recordar que nosotros mismos, como trabajadores de Correos, también fuimos objeto de severos recortes durante la crisis. ¿Por qué ahora va a ser diferente?

Seamos optimistas. El optimismo es útil. Máxime en una época como ésta, en la que ya empezamos a ver la luz. Hasta hemos escuchado en el último Consejo de Ministros a José Luis Ábalos, ministro de Fomento, la urgencia por cumplir “los compromisos del Estado con Correos no desarrollados hasta la fecha”. Y hacía tanto tiempo que no escuchábamos algo así….


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lunes, 16 de julio de 2018

ENSEÑAR O TRABAJAR?


En una semana como ésta, que se inicia con el ‘Amazon Prime Day’, CSIF acude a una USE, donde se ha encontrado con esta situación. Acaban de entrar tres carteros, procedentes de las nuevas Bolsas de Empleo. No tienen experiencia en Correos y desconocen los procesos del reparto. No queda otra posibilidad que los compañeros les enseñen “e, incluso actuemos como lazarillos al salir a la calle”.

También podríamos ir a Sevilla, donde acaba de terminar el reparto de las notificaciones procedentes del OPAEF (Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal) de la Diputación lo que no hay ni que explicarlo: ha originado una altísima sobrecarga de trabajo, en plena época de vacaciones, que se ha cubierto con las nuevas Bolsas, en las que todos lo sabemos: abunda el personal que nunca había trabajado en Correos.

Y no pasa nada. Al contrario. CSIF celebra que cada día seamos más. Pero ya llegó el momento de reivindicar cursos reales de formación a quienes nunca han trabajado en Correos. Una cosa es la incertidumbre del primer día y otra que se sientan indefensos, expuestos a los compañeros que, sin tener la obligación, deben formarles y hasta servirles de guía en el reparto. Y no están pagados para hacerlo. Pero esta es la historia que siempre se repite en Correos. Y el hecho de que se repita no significa que no se deban tomar medidas. Máxime en todas esas carterías en las que el volumen de trabajo ya no perdona casi ningún día. De ahí que CSIF exija una solución porque siempre hay soluciones.



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PRIMERA REUNIÓN CON LA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA



CSIF reclama la estructura salarial previa a la bajada de Zapatero, jornada de 35 horas, una oferta de empleo público extraordinaria de 4.000 plazas y 6.000 de promoción interna en AGE



El sindicato pide a Batet que promueva en toda España el acuerdo de 20 semanas de permiso de paternidad y maternidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mantenido la primera reunión con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la que hemos reivindicado una hoja de ruta para aplicar sin demora mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos, especialmente en la Administración General del Estado, ámbito que depende directamente del Gobierno.

CSIF valora de manera positiva este primer encuentro y ofrece su voluntad de diálogo para alcanzar los mejores acuerdos que permitan pasar página definitiva a los recortes de la crisis, avanzar hacia la recuperación y trasladar las reformas que necesita nuestras administraciones públicas.

El sindicato se felicita de que el Gobierno haya decidido eliminar por fin los descuentos en la nómina de los empleados públicos por Incapacidad Temporal. Esta medida fue combatida por CSIF desde el primer momento de su aplicación, porque penalizaba de manera injusta a los empleados públicos que se acogen a una baja médica y tras años de lucha, logramos que se incluyera en el acuerdo en materia de condiciones laborales firmado en marzo de 2018.

De entrada, CSIF reclamó a la ministra la devolución de la estructura salarial previa al recorte que realizó el Gobierno de Zapatero en 2010 sobre las nóminas de los empleados públicos (un 5 por ciento de media), lo que permitiría cobrar de nuevo las pagas extras de manera íntegra

CSIF también ha trasladado la necesidad de derogar la instrucción de jornada y horarios que estableció durante la crisis una jornada mínima de 37,5 horas, con el fin de que se pueda aplicar la jornada laboral de 35 horas, como ocurre ya por otra parte tanto en Andalucía y Extremadura.

En este mismo sentido, CSIF ha sugerido a Batet que traslade a la Administración General del Estado el acuerdo histórico en materia de conciliación alcanzado en Andalucía. Las empleadas y empleados públicos de esta comunidad autónoma disfrutarán de permisos de paternidad y maternidad intransferibles de 20 semanas en 2020. A partir de este mismo año, la Junta de Andalucía equiparará de forma progresiva estos permisos, de tal manera que este año los permisos serán de 10 semanas para el padre; en 2019 de 15 semanas y finalmente, en 2020, tanto los hombres como las mujeres dispondrán de un permiso de 20 semanas.
CSIF pretende que se avance igualmente en otras cuestiones fundamentales para la Administración General del Estado:

-       Oferta de empleo público extraordinaria de 4.000 plazas en Administración General del Estado, que se sumaría a las plazas que ahora se están negociando (8.151 de nuevo ingreso, 2.863 de estabilización de plazas interinas y cerca de 6.000 de promoción interna).

-       Bolsas de horas para la conciliación familiar (hasta el 5 por ciento de la  jornada, equivalente a 80 horas, acumulables en días).

-       Fondos adicionales para mejorar las retribuciones en los diferentes ámbitos (salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado, equiparación con Cataluña y carrera profesional). CSIF plantea un acuerdo a 3 años para mejorar las retribuciones.

-       Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (estableciendo, entre otras cuestiones, el desarrollo de la carrera profesional, la implantación de la Ley de Función Pública de la AGE o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones).

-       Desbloqueo del IV Convenio único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances.

-       Aplicación de la jubilación parcial para el personal de la AGE.

-       Desarrollo de un macroconcurso de traslados en la Seguridad Social. El director general se reunirá mañana mismo con el equipo de la Seguridad Social para desbloquear el citado macroconcurso. CSIF pide que se cubran todas las plazas vacantes y las ‘resultas’, que se adecúen las RPTs  teniendo en cuenta las jubilaciones previstas y se termine con la política de nombramientos en comisión de servicio ‘a dedo’.

-       Resolver el conflicto salarial en el colectivo de prisiones y avanzar hacia la equiparación con el personal de Cataluña.

-       Revisión salarial del personal laboral en el exterior. El director general se compromete a analizar esta cuestión en la Comisión Interministerial de Retribuciones. Tras años de congelación salarial y abandono de este colectivo, que sufre las consecuencias de la inflación en los países de destino.



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LUCHEMOS POR NUESTROS DERECHOS!!





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viernes, 13 de julio de 2018

EMPLEO PÚBLICO



CSIF negocia una Oferta de Empleo Público histórica de unas 17.000 plazas en la Administración General del Estado para este año. Así lo ha recogido CINCO DÍASEL ECONOMISTAEXPANSIÓN, LA RAZÓN, la portada de El Pais.com y numerosa prensa autonómica.

Pincha en el enlace para ver el dossier especial:


Y pincha en las fotos para ver la información en prensa nacional

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CONCURSO INTERMINISTERIAL, MINISTERIO DEL INTERIOR (HAY DOS PLAZAS EN LA COMANDANCIA DE TARRAGONA, GRUPO C2) ESTÁN EN EL NÚMERO DE ORDEN, 65 Y 66.


Ha salido publicados en el BOE núm. 169, del día 13 de julio de 2018, los siguientes concursos:
MINISTERIO DEL INTERIOR (HAY DOS PLAZAS EN LA COMANDANCIA DE TARRAGONA, GRUPO C2) ESTÁN EN EL NÚMERO DE ORDEN, 65 Y 66.

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2
  • Resolución de 5 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la Dirección General de la Guardia Civil.
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jueves, 12 de julio de 2018

Bruselas obliga a Correos a devolver 167 millones de ayudas excesivas


Fuente : elpais

La empresa pública deberá reembolsar al Tesoro las aportaciones de más recibidas entre 2004 y 2010

La Comisión Europea ha concluido que Correos recibió entre los años 2004 y 2010 una compensación excesiva por parte del Estado para cumplir su papel como servicio postal universal. Bruselas cifra esta ayuda en 166 millones de euros, que la compañía deberá reembolsar al Tesoro. A ellos se suma un millón más derivado de exenciones fiscales indebidas, según revelan fuentes comunitarias. El informe de la Comisión, que se hará público en los próximos días, tiene su origen en una denuncia presentada por la firma Unipost y la Asociación de Paquetería a finales de 2013.

Según las reglas comunitarias, los socios de la Unión Europea están en su derecho de conceder ayudas estatales a aquellas empresas que soporten un coste adicional al estar consideradas como un servicio público. Con el fin de no dañar la competencia, estas reglas ponen como límite evitar que se produzcan compensaciones excesivas. A partir de estos principios, Bruselas ha llegado a la conclusión de que en el caso concreto de Correos se produjo un exceso de ayudas por importe cercano a los 166 millones de euros que la compañía deberá reembolsar al Tesoro.

La investigación abierta por la Comisión Europea no se detuvo solo en las ayudas públicas recibidas por la compañía postal, dependiente del grupo público SEPI (a su vez, dependiente del Ministerio de Hacienda); sino también en las exenciones fiscales que le fueron concedidas desde 2004. El informe revela que se produjo una ventaja indebida para Correos cercana al millón de euros, incompatible con el mercado único, que también tendrá que ser devuelta al Tesoro. En este apartado fiscal, fuentes comunitarias añaden que la Comisión ha encontrado incompatibilidades en las bonificaciones que obtuvo la compañía relacionadas con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Denuncia

Bruselas colocó la lupa sobre Correos partiendo de la denuncia que a finales de 2013 presentaron Unipost (empresa que se vio abocada a la liquidación tras presentar concurso de acreedores en julio del año pasado) y la Asociación de Paquetería. Tres años más tarde, la Comisión dictó la apertura de un procedimiento que permitió alegaciones y contempló de forma preliminar el conjunto de ayudas públicas recibidas por la compañía. De todas ellas, en la investigación abierta en profundidad a comienzos del año pasado, solo ha acabado señalando como incompatibles con las reglas comunitarias las derivadas de la prestación del servicio postal universal y las ayudas fiscales mencionadas.

Las fuentes consultadas apuntan a que la devolución de estas ayudas no supone una sanción a Correos, pues no existe como tal en la normativa comunitaria sobre aportaciones públicas, sino un simple emplazamiento a garantizar la igualdad de trato con el resto de las empresas del mercado.

Correos tiene dos focos de actividad. Uno es el denominado Servicio Público Universal (SPU), que consiste en la prestación del servicio postal público con la misión de garantizar la relación postal entre los ciudadanos. Esta unidad de negocio es la única que puede ser financiada con dinero público y se hace a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La otra unidad es la paquetería, que es la que más aporta en la facturación y en la que ha tenido que hacer frente a la inevitable caída del negocio tradicional a través de las nuevas tecnologías. Pero esta parte no puede financiarse mediante dinero público, ya que opera en régimen de libre competencia. Es decir, si recibiera algún tipo de subvención estaría incurriendo en competencia desleal. Aquí parece radicar el quid de la cuestión, ya que las ayudas excesivas podrían haberse destinado a este negocio.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 contemplan unas aportaciones de 120 millones, los mismos que en 2017 y 60 menos que en 2016. Sin embargo, a pesar de las inyecciones de dinero público, no ha logrado paliar los números rojos. En 2017, la sociedad arrojó unas pérdidas de cerca de 150 millones de euros después de impuestos, solo superada en el grupo SEPI por Navantia (390 millones). Un año antes las pérdidas habían sido de 51 millones.

Mientras la Comisión Europea investigaba a Correos, el Gobierno español de Mariano Rajoy ha estado valorando la posibilidad de privatizar la entidad. Un estudio de AT Kearney encargado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro recomendaba que fuera privatizada, al menos parcialmente. La consultora reseñaba que la mayoría de los operadores postales europeos han dado entrada al capital privado como palanca para enfrentarse a la caída del negocio postal y la creciente competencia.

Sin embargo, no se llegó a dar ningún paso. Pese a ello, los sindicatos han denunciado que la privatización se está produciendo por la vía de los hechos, sobre todo, por la externalización de algunos servicios de Correos Express, filial que se centra en la paquetería y el servicio urgente.

 Entre unos y otros quieren acabar con una empresa con más de 300 años de historia y 55.000 trabajadores.


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miércoles, 11 de julio de 2018

Hoja de ruta para mejorar las condiciones laborales y el empleo público: jornada de 35 horas, bolsa de horas para conciliación y carrera profesional


-       El Consejo de Ministros aprobará la oferta de empleo público el 27 de julio y aplicará la subida salarial en septiembre

-       El Gobierno eliminará la jornada laboral mínima de 37 horas y media, introducida por Ley durante la crisis económica

-       Función Pública se compromete a acordar un convenio único del personal laboral en la AGE antes de final de año y estudiará mejoras en las retribuciones del personal de España en el exterior


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha marcado una hoja de ruta con el nuevo equipo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para aplicar sin demora mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos en la Administración General del Estado, ámbito que depende directamente del Gobierno.

El vicepresidente del sindicato, Francisco Iglesias, mantuvo hoy una reunión con el nuevo director general de Función Pública, Javier Rueda, para marcar los temas que se abordarán con la ministra Meritxell Batet el próximo 16 de julio. El director general explicó que la ministra ofrecerá una propuesta de acuerdo a los sindicatos para eliminar los descuentos en la nómina de los empleados públicos por Incapacidad Temporal.

CSIF valora de manera positiva este primer encuentro y ofrece su voluntad de diálogo para alcanzar los mejores acuerdos que permitan pasar página definitiva a los recortes de la crisis, avanzar hacia la recuperación y trasladar las reformas que necesita nuestras administraciones públicas.

CSIF también ha trasladado la necesidad de derogar la instrucción de jornada y horarios que estableció durante la crisis una jornada mínima de 37,5 horas, con el fin de que se pueda aplicar la jornada laboral de 35 horas.

En la reunión se informó también que el Gobierno tiene previsto aprobar la oferta pública de empleo en la AGE, correspondiente a 2018, en el Consejo de Ministros del 27 julio, incluido las plazas para estabilizar personal interino. CSIF reclama que en ésta se resuelvan las necesidades de personal de los distintos departamentos y se incorporen al menos 6.000 plazas dirigidas a la promoción interna.

El director general también adelantó que el Gobierno aplicará la subida salarial en la nómina del mes de septiembre, con los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año.

CSIF pretende que se avance igualmente en otras cuestiones fundamentales para la Administración General del Estado:

-       Bolsas de horas para la conciliación familiar (hasta el 5 por ciento de la  jornada, equivalente a 80 horas, acumulables en días).

-       Fondos adicionales para mejorar las retribuciones en los diferentes ámbitos (salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado, equiparación con Cataluña y carrera profesional). CSIF plantea un acuerdo a 3 años para mejorar las retribuciones.

-       Recuperar la estructura salarial previa a la bajada de sueldos que se produjo en 2010, con el inicio de la crisis, incluido las pagas extras.

-       Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (estableciendo, entre otras cuestiones, el desarrollo de la carrera profesional, la implantación de la Ley de Función Pública de la AGE o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones).

-       Desbloqueo del IV Convenio único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances.

-       Aplicación de la jubilación parcial para el personal de la AGE.

-       Desarrollo de un macroconcurso de traslados en la Seguridad Social. El director general se reunirá mañana mismo con el equipo de la Seguridad Social para desbloquear el citado macroconcurso. CSIF pide que se cubran todas las plazas vacantes y las ‘resultas’, que se adecúen las RPTs  teniendo en cuenta las jubilaciones previstas y se termine con la política de nombramientos en comisión de servicio ‘a dedo’.

-       Resolver el conflicto salarial en el colectivo de prisiones y avanzar hacia la equiparación con el personal de Cataluña.

-       Revisión salarial del personal laboral en el exterior. El director general se compromete a analizar esta cuestión en la Comisión Interministerial de Retribuciones. Tras años de congelación salarial y abandono de este colectivo, que sufre las consecuencias de la inflación en los países de destino.

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