Fuente
: elpais
La empresa pública deberá reembolsar al Tesoro las aportaciones de más recibidas entre 2004 y 2010
La
Comisión Europea ha concluido que Correos recibió
entre los años 2004 y 2010 una compensación excesiva por parte del
Estado para cumplir su papel como servicio postal universal. Bruselas
cifra esta ayuda en 166 millones de euros, que la compañía deberá
reembolsar al Tesoro. A ellos se suma un millón más derivado de
exenciones fiscales indebidas, según revelan fuentes comunitarias.
El informe de la Comisión, que se hará público en los próximos
días, tiene su origen en una denuncia presentada por la firma
Unipost y la Asociación de Paquetería a finales de 2013.
Según
las reglas comunitarias, los socios de la Unión Europea están en su
derecho de conceder ayudas estatales a aquellas empresas que soporten
un coste adicional al estar consideradas como un servicio público.
Con el fin de no dañar la competencia, estas reglas ponen como
límite evitar que se produzcan compensaciones excesivas. A partir de
estos principios, Bruselas ha llegado a la conclusión de que en el
caso concreto de Correos se produjo un exceso de ayudas por importe
cercano a los 166 millones de euros que la compañía deberá
reembolsar al Tesoro.
La
investigación abierta por la Comisión Europea no se detuvo solo en
las ayudas públicas recibidas por la compañía postal, dependiente
del grupo público SEPI (a su vez, dependiente del Ministerio de
Hacienda); sino también en las exenciones fiscales que le fueron
concedidas desde 2004. El informe revela que se produjo una ventaja
indebida para Correos cercana al millón de euros, incompatible con
el mercado único, que también tendrá que ser devuelta al Tesoro.
En este apartado fiscal, fuentes comunitarias añaden que la Comisión
ha encontrado incompatibilidades en las bonificaciones que obtuvo la
compañía relacionadas con el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Denuncia
Bruselas
colocó la lupa sobre Correos partiendo de la denuncia que a finales
de 2013 presentaron Unipost (empresa que se vio abocada
a la liquidación tras
presentar concurso de acreedores en julio del año pasado) y la
Asociación de Paquetería. Tres años más tarde, la Comisión dictó
la apertura de un procedimiento que permitió alegaciones y contempló
de forma preliminar el conjunto de ayudas públicas recibidas por la
compañía. De todas ellas, en la investigación abierta en
profundidad a comienzos del año pasado, solo ha acabado señalando
como incompatibles con las reglas comunitarias las derivadas de la
prestación del servicio postal universal y las ayudas fiscales
mencionadas.
Las
fuentes consultadas apuntan a que la devolución de estas ayudas no
supone una sanción a Correos, pues no existe como tal en la
normativa comunitaria sobre aportaciones públicas, sino un simple
emplazamiento a garantizar la igualdad de trato con el resto de las
empresas del mercado.
Correos
tiene dos focos de actividad. Uno es el denominado Servicio Público
Universal (SPU), que consiste en la prestación del servicio postal
público con la misión de garantizar la relación postal entre los
ciudadanos. Esta unidad de negocio es la única que puede ser
financiada con dinero público y se hace a través de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La
otra unidad es la paquetería, que es la
que más aporta en la facturación y
en la que ha tenido que hacer frente a la inevitable caída del
negocio tradicional a través de las nuevas tecnologías. Pero esta
parte no puede financiarse mediante dinero público, ya que opera en
régimen de libre competencia. Es decir, si recibiera algún tipo de
subvención estaría incurriendo en competencia desleal. Aquí parece
radicar el quid de
la cuestión, ya que las ayudas excesivas podrían haberse destinado
a este negocio.
Los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 contemplan unas
aportaciones de 120 millones, los mismos que en 2017 y 60 menos que
en 2016. Sin embargo, a pesar de las inyecciones de dinero público,
no ha logrado paliar los números rojos. En 2017, la sociedad arrojó
unas pérdidas de cerca de 150 millones de euros después de
impuestos, solo superada en el grupo SEPI por Navantia (390
millones). Un año antes las pérdidas habían sido de 51 millones.
Mientras
la Comisión Europea investigaba a Correos, el Gobierno español de
Mariano Rajoy ha estado valorando la posibilidad de privatizar la
entidad. Un estudio de AT Kearney encargado por el exministro de
Hacienda Cristóbal Montoro recomendaba que fuera privatizada, al
menos parcialmente. La consultora reseñaba que la mayoría de los
operadores postales europeos han dado entrada al capital privado como
palanca para enfrentarse a la caída del negocio postal y la
creciente competencia.
Sin
embargo, no se llegó a dar ningún paso. Pese a ello, los sindicatos
han denunciado que la privatización se está produciendo por la vía
de los hechos, sobre todo, por la externalización de algunos
servicios de Correos Express, filial que se centra en la paquetería
y el servicio urgente.
Entre unos y otros quieren acabar con una empresa con más de 300 años de historia y 55.000 trabajadores.
CSIF TARRAGONA
Plaça Corsini s/n, 3ª Planta 43001- Tarragona
Apartado de Correos 1335 43070-Tarragona
Telf.: 977-233225
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