CSI-F
se mantendrá vigilante para que la reforma no perjudique a las políticas
sociales ni a los puestos de trabajo
El Consejo de Estado ha lanzado una advertencia al Gobierno porque
su reforma de las administraciones públicas implica “una concentración de
medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito
de las políticas sociales”. Por ello, esta institución señala la conveniencia
de “velar porque estas reformas no supongan una minoración del cumplimiento de
los fines atribuidos a estos órganos”.
Este aviso consta en un informe al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que acaba de llegar al Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario.
CSI-F, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, velará para que no se vea mermada la prestación de los servicios y políticas afectados por esta reforma, en ámbitos como la protección de los consumidores, la salud de la mujer, la juventud, la evaluación de la investigación, las universidades o el Plan Nacional sobre Drogas.
En todo caso, CSI-F, sindicato que participó en el Consejo Asesor para la reforma de las administraciones públicas, considera que el contenido del proyecto de Ley es decepcionante porque no afronta una reforma integral que garantice el futuro y la viabilidad de las Administraciones Públicas y no recoge ninguna medida que favorezca a los empleados públicos, pese a que son garantes y principales actores en la prestación de los servicios que reciben los ciudadanos.
Tal y como advierte el Consejo de Estado en el informe de la norma, el título de la Ley, de entrada, es excesivo y no se corresponde con el contenido. El Gobierno realiza fusiones y supresiones muy puntuales y sesgadas de organismos y pierde la oportunidad de hacer la reforma integral que necesitan las Administraciones Públicas.
Para empezar, tal y como recomendó CSI-F en el Consejo Asesor para la reforma de las Administraciones Públicas, El Gobierno debería haber realizado un catálogo de servicios públicos para discriminar lo importante de lo accesorio en el gasto público.
Además, se hace preciso un plan de recursos humanos para determinar las necesidades reales de personal en todos los ámbitos de las administraciones públicas y reforzar las plantillas allí donde sea necesario con convocatorias de empleo público. CSI-F iniciará una ronda con los grupos parlamentarios para que incluyan en la norma esta disposición.
En este sentido, CSI-F se mantendrá vigilante para que la supresión de organismos no suponga la pérdida de empleos, tal y como nos han trasladado los responsables de los diferentes departamentos afectados.
Este aviso consta en un informe al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que acaba de llegar al Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario.
CSI-F, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, velará para que no se vea mermada la prestación de los servicios y políticas afectados por esta reforma, en ámbitos como la protección de los consumidores, la salud de la mujer, la juventud, la evaluación de la investigación, las universidades o el Plan Nacional sobre Drogas.
En todo caso, CSI-F, sindicato que participó en el Consejo Asesor para la reforma de las administraciones públicas, considera que el contenido del proyecto de Ley es decepcionante porque no afronta una reforma integral que garantice el futuro y la viabilidad de las Administraciones Públicas y no recoge ninguna medida que favorezca a los empleados públicos, pese a que son garantes y principales actores en la prestación de los servicios que reciben los ciudadanos.
Tal y como advierte el Consejo de Estado en el informe de la norma, el título de la Ley, de entrada, es excesivo y no se corresponde con el contenido. El Gobierno realiza fusiones y supresiones muy puntuales y sesgadas de organismos y pierde la oportunidad de hacer la reforma integral que necesitan las Administraciones Públicas.
Para empezar, tal y como recomendó CSI-F en el Consejo Asesor para la reforma de las Administraciones Públicas, El Gobierno debería haber realizado un catálogo de servicios públicos para discriminar lo importante de lo accesorio en el gasto público.
Además, se hace preciso un plan de recursos humanos para determinar las necesidades reales de personal en todos los ámbitos de las administraciones públicas y reforzar las plantillas allí donde sea necesario con convocatorias de empleo público. CSI-F iniciará una ronda con los grupos parlamentarios para que incluyan en la norma esta disposición.
En este sentido, CSI-F se mantendrá vigilante para que la supresión de organismos no suponga la pérdida de empleos, tal y como nos han trasladado los responsables de los diferentes departamentos afectados.
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