CSIF reclama un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo y devolver el 5% de los salarios que se rebajó en 2010
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, y la recién nombrada secretaria de Estado para la Función Pública, Elena Collado, han mantenido un primer contracto para retomar la negociación de las condiciones de los empleados públicos.
Después de un año con el Gobierno en Funciones, la secretaria de Estado ha trasladado a CSIF la voluntad del Ministerio de Hacienda de negociar y llegar a acuerdos, con el espíritu que manifestó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, esta misma semana, de cara a compensar a los empleados públicos por los esfuerzos realizados durante la crisis económica.
La secretaria de Estado ha escuchado las reclamaciones del sindicato CSIF, que pretende alcanzar un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos años y el 5 por ciento de bajada se produjo en 2010.
Asimismo, quedan pendientes revertir recortes como los descuentos por baja médica y derogar el decreto que impide negociar mejoras en la jornada laboral, como las 35 horas que recientemente se han aprobado por parte de la Junta de Andalucía.
CSIF también reclama desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública en cuestiones pendientes como la evaluación del desempeño, que permitiría evaluar de manera objetiva la labor que desarrollan los empleados públicos de cara a su promoción profesional y desterrar la campaña de desprestigio que se ha promovido estos años desde diferentes sectores sobre la opinión pública.
Todas estas cuestionas, las volverá a plantear CSIF en los próximos días en una reunión que se mantendrán con el ministro de Hacienda, tal y como informó la secretaria de Estado.
CSIF valora de manera positiva la voluntad de diálogo manifestada por el Ejecutivo y el nuevo diseño del Ministerio, que eleva al rango de secretaría de Estado las políticas en materia de Función Pública.
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