La Audiencia Nacional respalda los acuerdos para acabar con la temporalidad en la Administración

La Administración no puede perder ni un minuto más en impulsar los procesos selectivos: la temporalidad en el empleo público ya supera a la del sector privado, ante la parálisis del Gobierno

La Audiencia Nacional ha respaldado los acuerdos para la mejora del empleo público firmados por el Ministerio de Hacienda, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y el resto de las organizaciones de este ámbito.

Así se desprende de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la que se desestima el recurso interpuesto por la Asociación ANIL por el que solicitada que se declarase la nulidad de los citados acuerdos. La sentencia, notificada a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza la pretensión de esta asociación a realizar oposiciones restringidas.

Según la Audiencia Nacional, “la consideración de los servicios prestados no es ajena al concento de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados (…) Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable…”

Por tanto, según la Audiencia, “no tiene ninguna base jurídica la pretensión de que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos”.

Tal y como hemos venido defendiendo desde CSIF, la solución para acabar con la alta tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas, pasa por el desarrollo urgente de los acuerdos de estabilización en el empleo firmados con el Gobierno en 2017 y 2018.

CSIF recuerda que la tasa de temporalidad en el empleo público de España se eleva ya al 28,2%, superando en dos puntos a la del sector privado (25,9%). Este colectivo no puede sufrir los efectos de una situación generada por la propia Administración, al abusar y utilizar sus contratos temporales para cubrir puestos de carácter estructural.

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