Desde CSIF seguiremos alerta para que el colectivo de mutualistas no se vea afectado por la falta de apoyo económico por parte del Ministerio
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, vigilará la publicación de los cuadros médicos de las tres compañías qude han firmado el concierto sanitario de Muface 2022-24 para comprobar que no se reducen los cuadros médicos ni la calidad en la asistencia.
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Tal y como reclamó CSIF, el Ministerio de Hacienda renovó el pasado mes de septiembre el concierto con las aseguradoras sanitarias, con un fondo de 3.571 millones de euros. No obstante, vemos con preocupación que el presupuesto asignado al concierto no sea suficiente para compensar la situación de marginación que ha sufrido la entidad a la hora de hacer frente al COVID. Debemos recordar que mientras que las CCAA recibieron 16.000 millones de euros para adaptar su asistencia sanitaria a la pandemia, Muface no vio modificado su presupuesto para que la asistencia sanitaria de los y las mutualistas también pudiera hacer frente a las consecuencias del virus.
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Tras cumplirse uno de nuestros temores, la retirada de Igualatorio de Cantabria del concierto, no vamos a permitir que el colectivo de mutualistas y sus beneficiarios/as se vean afectados por la falta de apoyo económico por parte del Ministerio.
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En todo caso, esperamos que se mantenga la calidad en la asistencia. Ante la situación de pandemia, desde CSIF estaremos mucho más alerta en la detección de las incidencias que pudieran surgir en las prestaciones sanitarias que recibe el funcionariado. No queremos que este quede en una situación comprometida, pues ya alertamos de que esto podría ocurrir si no se dota suficientemente los conciertos sanitarios futuros.
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CSIF seguirá siendo un fiel defensor del mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas), puesto que ha demostrado sobradamente que funciona correctamente, y seguirá luchando para que no se deje morir por inanición. Se trata de un derecho de los funcionarios mutualistas y es una obligación del Gobierno mantenerlo para garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que en la sanidad pública.
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