
CSIF
recuerda que la Ley autoriza de forma directa la aplicación de estos
aumentos en estas empresas desde el mes de julio.
La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios, sindicato más
representativo en las administraciones públicas, exige a las
empresas públicas estatales que la subida salarial del 1,75%,
acordada en el mes de marzo, se aplique antes de finalizar 2018 a sus
empleados. La Ley de Presupuestos Generales del Estado autoriza de
forma directa la aplicación de esos aumentos en estas empresas. Por
lo tanto, CSIF entiende que no tiene sentido que esta subida, con
carácter retroactivo desde el 1 de enero, lleve casi cuatro meses de
retraso.
La
medida fue, definitivamente aprobada en Consejos de Ministros con
fecha del 13 de julio en el artículo 18 de la Ley 6/2018. Un tiempo
más que suficiente, a juicio de CSIF, para que cada empresa haya
acordado esta medida en el marco de la negociación colectiva. Sin
embargo, a día de hoy, esta subida no se ha reflejado en las nóminas
de estos trabajadores a falta de dos meses para terminar el año. Y
no puede ni debe ser.

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