CSIF pide a los
partidos políticos un compromiso para garantizar el futuro y la viabilidad del
mutualismo
El colectivo de personas adscritas a la mutualidad de funcionarios del
Estado MUFACE se sitúa en 1.498.098, la cifra más baja
registrada desde finales de los años 80, concretamente desde 1988, cuando se
registraron 1.482.168, según los datos correspondientes a la Memoria de
2015, facilitados a la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF)en el último Consejo General de la
entidad.
Esta evolución a la baja, que se viene produciendo desde 2002 (cuando se
registró la cifra máxima de titulares y beneficiarios, con un total de
1.615.901) se debe fundamentalmente por el progresivo envejecimiento de las
personas adscritas y la congelación de las ofertas públicas de empleo, que ha
impedido la entrada de nuevos titulares, fundamentalmente desde el año 2011.
Desde 2002, además se ha producido un cambio en la distribución entre el
colectivo de titulares (los funcionarios) y los beneficiarios de la póliza
(esposo/a, hijos…). Así, mientras hace dos décadas el número de beneficiarios
superaba a los titulares (872.944 frente a 740.638), en la actualidad la
situación es a la inversa (956.401 titulares, frente a 541.697 beneficiarios).
Esta es otra circunstancia derivada del envejecimiento del colectivo. De
hecho, el número de mutualistas jubilados asciende a 236.372, es decir casi una
tercera parte de los titulares, que por tanto no suele tener tiene hijos a su
cargo.
Por otra parte, a cierre de ejercicio, el remanente de tesorería
(el fondo de reserva de la entidad) se situó en 5,41 millones de euros. Esta
magnitud contable es el resultado de la suma de los fondos líquidos (88,36
millones) y los derechos pendientes de cobro (0,56 millones), menos las
obligaciones pendientes de pago (83,26 millones) y los saldos de dudoso cobro
(0,25).
El remanente de tesorería se encontraba en 2014 en los 29,72 millones de
euros, por lo que se ha producido un descenso de más de 24,31
millones respecto al ejercicio anterior y de más de 1.000 millones de euros si
lo comparamos con 2009, cuando empezó a decrecer este fondo de reserva.
Ante esta situación, CSIF, sindicato más representativo en las
administraciones públicas, reclama a las diferentes fuerzas políticas un
acuerdo que garantice la viabilidad del sistema a medio plazo.
CSIF valora el funcionamiento del concierto económico firmado con las
aseguradoras para los años 2016 y 2017 y que por tanto garantiza la viabilidad
del modelo para estos dos años, tanto a nivel económico como en prestaciones
sanitarias, tras los recortes producidos en años anteriores y que fueron
denunciados por este sindicato.
Por otra parte, CSIF ha reclamado la recuperación de las prestaciones
sociales recortadas durante los años de crisis. Atendiendo a las previsiones
económicas, ya no habría razones para mantener estos recortes y constituyen un
derecho de los funcionarios.
CSIF TARRAGONA
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DEFENDIENDO LA DIGNIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO
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