Fuente: lainformacion.com
. Las tareas de inspección y de
atención al público, las más expuestas a la violencia de los usuarios, según la
primera Memoria sobre Violencia en la Administración del Estado
. El sindicato CSIF pide al Gobierno un sistema de identificación de agresores para evitar casos de reincidencia o acoso a empleados públicos
Presentarse
en una oficina pública sin cita previa y exigir ser atendido, llegar tarde y
resistirse a haber perdido el turno, recibir una sanción o simplemente una
visita de la inspección, o no encajar la denegación de un subsidio o una
prestación pública, éstos son algunos de los desencadenantes más habituales de
los casos de violencia contra empleados públicos. El año pasado el Ministerio
de Hacienda y Función Pública documentó cerca de medio millar de casos de
agresiones a funcionarios (484, en concreto), en lo que supone el primer
registro oficial de este tipo de casos tras la entrada en vigor en diciembre de
2015 del Protocolo de Actuación contra las Agresiones al Personal de la
Administración General del Estado.
La
memoria, a la que ha tenido acceso lainformacion.com, da cuenta de los casos de
violencia física y verbal denunciados por los funcionarios durante el año
pasado y documenta 106 agresiones físicas a empleados públicos de la
Administración General del Estado. Estas cifras no contabilizan los casos
producidos en el ámbito de las instituciones penitenciarias y las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado, que tienen sus propios registros, sino sólo
los acaecidos en el segmento más civil de la Administración: servicios públicos
de empleo, oficinas de la Seguridad Social, Dirección General de Tráfico...
Según
la información recabada por la Dirección General de Función Pública, son los
puestos de atención al público los que sufren de manera más directa la
violencia de los usuarios, tanto la verbal (274 casos) como la física (82),
seguidos por los empleados públicos en tareas de inspección y vigilancia
normativa y los de actividades sanitarias (minoritarios en la Administración
del Estado, ya que se trata de una competencia transferida a las comunidades
autónomas).
Para
el sindicato CSI-F, principal promotor de la puesta en marcha de este
protocolo, estos datos configuran un escenario más que preocupante, ya que
según la secretaria de Igualdad del sindicato, Marián Mur, "la inmensa
mayoría de los casos continúan sin salir a la luz".
Más protección
"La
puesta en marcha del Protocolo ha puesto de manifiesto la existencia de algunas
lagunas que ya denunciamos en su momento", asegura Mur, "y creemos
que la Administración debe actuar para evitar que se produzcan situaciones de
gravedad". Una de esas lagunas es la ausencia de herramientas específicas
para actuar contra los agresores. CSI-F reclamó en su día la creación de una
'lista negra' de agresores para tener controlados a los usuarios que se
manejaran de forma particularmente violenta y evitar casos de reincidencia.
Según el sindicato, el Gobierno rechazó dicha posibilidad con argumentos
relacionados con el derecho a la intimidad y la protección de datos personales.
Sea
o no a través de una lista, el sindicato sí considera que se debe articular
algún mecanismo de protección más allá de los procedimientos administrativos o
judiciales que se puedan desencadenar tras una agresión. "En el documento
tipo en el que se registran las agresiones ni siquiera figura un espacio en el
que poder identificar al agresor. Es cierto que en ocasiones es complicada esa
identificación porque se presentan sin cita previa, pero con el sistema actual
ni siquiera podemos prevenir casos de reincidencia y ése es un riesgo
real", argumenta la portavoz de CSI-F, que asegura que se han dado casos
de acoso de usuarios a empleados públicos.
Fuentes
del Ministerio de Hacienda y Función Pública aseguran que el Ejecutivo está
abierto a estudiar cualquier propuesta de mejora del Protocolo, siempre que
ésta tenga en cuenta el derecho que todo ciudadano tiene a ser atendido en las
oficinas de los servicios públicos y el marco legal de la protección de datos.
Con
los datos ya en la mano, los sindicatos tienen previsto solicitar al Gobierno
la reunión de la comisión de seguimiento del Protocolo en las próximas semanas
y, sobre la mesa, además de las potenciales medidas para aplicar una mayor mano
dura a los agresores, plantearán medidas para abordar la violencia verbal en
los servicios de atención telefónica, para incrementar las dotaciones de
seguridad en los centros de trabajo y para mejorar los canales de información a
los empleados públicos, ya que, según las centrales, un porcentaje muy elevado
de los 260.000 empleados afectados por el protocolo todavía no lo conocen.
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