Fuente : publico
CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre
exigen que Fomento revierta el recorte de una tercio de la partida de los
Presupuestos para garantizar el Servicio Postal Universal. La financiación
pública se ha reducido a la mitad en cinco años, denuncian
Los
sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga general en Correos si mantiene
el tijeretazo de 60 millones de euros que ha aplicado en la partida
correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un recorte de
un tercio respecto al año anterior.
CCOO, UGT, CSI-F y el Sindicato
Libre de Correos
y Telecomunicaciones, organizaciones que componen el 85% de la representación
sindical en la mayor empresa pública de España, han afirmado este martes que no descartan un paro total, además de movilizaciones
regionales, si el Ejecutivo continúa recortando el presupuesto anual.
Denuncian que el presupuesto público que el Gobierno está obligado
a inyectar en Correos por la Ley
de Servicio Postal Universal se
ha reducido prácticamente a la mitad en cinco años y que la tendencia es
alarmante. En concreto, esta partida ha pasado de 279 millones de euros en 2015 a 120 para 2017. Unos
recortes que ponen en peligro el derecho de los ciudadanos a recibir su correo,
no tanto en la grandes ciudades, pero sí en los 8.000 núcleos de población pequeños de áreas rurales,
donde hacer llegar el servicio es deficitario y, precisamente, para los que
está contemplada esta partida en los PGE.
"Habrá
gente que tendrá que hacer 15 kilómetros para recoger un certificado
importante", denuncian
"La
cantidad presupuestada es la aportación del Estado para cubrir el déficit que
se genera por atender a estas poblaciones, a las que los servicios postales privados
no quieren entrar porque no genera beneficios. Recortando esta partida se está
devaluando el servicio, habrá cierres de oficinas y se estará discriminando a
los ciudadanos por su lugar de residencia", critica Francisco
Barrios, secretario del sector postal de Fes -UGT Madrid.
Según los sindicatos, el recorte, además de empeorar el servicio en regularidad y en extensión,
también lastrará la cuenta de resultados de Correos y pondrá en riesgo que las
personas reciban el correo cinco días a la semana. En algunos casos, será el
propio ciudadano el que tenga que desplazarse para ir a recoger su
correspondencia "porque el cartero ya no llegará a su domicilio, además de
tener que recorrer varios kilómetros hasta su oficina más cercana al producirse
el cierre de miles de ellas". "Hablamos de que 16 millones de ciudadanos españoles de pueblos medianos y
pequeños no van a tener acceso al correo postal y de que habrá gente que
tendrá que hacer 15 kilómetros para recoger un certificado importante",
explica Sergio Mira, de CCOO Madrid.
Sin nuevo convenio colectivo
"Estamos abiertos al diálogo, pero, si no cesan los recortes
habrá huelga", asegura José Ignacio Rico, presidente autonómico del Sector
EPE (Entidades Públicas Estatales) del CSI-F en Madrid, quien critica que el
Gobierno "siempre recorta de la misma forma, cargándose
servicios públicos necesarios".
A este recorte hay que añadir, apuntan varias fuentes sindicales,
que en los últimos diez años se hayan perdido 15.000 empleos en Correos debido a que no se han cumplido las
reposiciones de personal y que han tenido que batallar para que Fomento se
comprometiera a ofertar plazas tras una década sin hacerlo. De hecho, apuntan,
el pasado 1 de junio ingresaron 1.600
trabajadores indefinidos en la empresa
a nivel general, y Fomento y de la Sepi contemplan la oferta de otra 2.400
plazas en los próximos dos años.
No obstante, los trabajadores llevan casi cuatro años con una negociación bloqueada para un nuevo convenio colectivo y seis años
de congelación y recorte salarial. Los sindicatos entienden que este
nuevo recorte a la partida presupuestaria "estrecha más los márgenes"
para logar un acuerdo salarial y en el convenio.
Las organizaciones sindicales han puestos esta situación en
conocimiento del Ministerio de Fomento y de la Sepi, y critican que nadie les
ha contestado a la carta que les enviaron hace más de una semana. La única
respuesta que han tenido los sindicatos, que llevan tiempo advirtiendo de esta
situación, fue el pasado 23 de mayo. El ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, aseguró en el Senado que estaba "absolutamente convencido" de
que el servicio postal universal está "completamente garantizado" y
que el recorte "no afectará ni a la calidad del servicio ni a los
trabajadores". Durante la sesión de control del Senado al Gobierno, De la
Serna justificó el tirejetazo "en la necesidad de contener el gasto y la
deuda pública" e hizo hincapié en que "no todos los años tiene que
ser la misma cuantía" la que el Gobierno destine a este derecho.
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