Fuente
: okdiario
El relevo
en la cúpula de las empresas públicas tiene
en vilo a los trabajadores, que permanecen expectantes ante los
nuevos nombramientos. La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato
más representativo en las administraciones públicas, lo tiene claro
y exige
a Pedro Sánchez acabar con los nombramientos políticos en
las empresas públicas.
“Deben
respetarse los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Nuestro sindicato demanda acabar con la dinámica que ha convertido a
estas empresas en
agencias de colocación para los políticos que
vienen de paso lo que, a la larga, conducen
a problemas,
tal y como constata CSIF, cuya
solución se eterniza“,
explican desde el sindicato.
Y
es que, uno de los primeros cambios que se produce con el nuevo
Gobierno es el baile
de sillas en las empresas de
control estatal. Pese a que aún se desconoce si Sánchez mantendrá
a alguno de los presidentes actuales y en los sindicatos no hay
quinielas, lo cierto es que la lista es larga y hasta once
grandes empresas públicas pueden
tener importantes cambios.
Cinco
cotizadas
Bankia,
Aena, Red Eléctrica, Enagás e Indra son
las cotizadas del selectivo español que pueden sufrir relevos en sus
cúpulas. La entidad financiera, presidida por José
Ignacio Goirigolzarri, es
la primera de la lista por la mayoritaria
participación que posee el Estado -aún
tiene el 60,63% del capital social de Bankia- y por el proceso
de privatización,
que podría verse retrasado con la llegada de Sánchez al poder.
Aena es
otro nombre que aparece en el listado, ya que el Estado tiene en sus
manos el 51% de
su capital social a través de Enaire.
El presidente de la compañía depende del Ministerio de
Fomento, Jaime
García-Legaz,
ya prepara
su salida de la cotizada.
En
el caso de Red
Eléctrica,
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
-dependiente del Ministerio de Hacienda- cuenta con el 20%
del capital social de la compañía.
Su actual presidente, José
Folgado -quien
fue secretario de Estado en Economia y Hacienda y en Industria y
Energía en las dos legislaturas de Aznar- entró en sustitución
de Luis María Atienza (ligado al PSOE) tras
la victoria del PP en 2011. Todo apunta a que ocurrirá lo mismo con
el cambio de Gobierno.
El
porcentaje de participación de la SEPI es similar en el caso
de Indra.
El organismo adscrito al ministerio de Hacienda ostenta el 18,75% de
la compañía,
que puede
presumir de
ser una de las más ajenas a lo que sucede en la Moncloa. El anterior
presidente, Javier Monzón, estuvo durante 22 años en el cargo antes
de ser sustituido por el actual presidente, Fernando Abril-Martorell.
Enagás, otra
de las empresas que forma parte del selectivo nacional y que está
presidida por Antonio
Llardén,
también tiene en su accionariado al SEPI con una participación del
5%. Desde
2012 y hasta la fecha, su consejero delegado es Marcelino Oreja
Arburua,
hijo de Marcelino Oreja Aguirre, ministro
de Asuntos Exteriores en el gobierno de UCD de
Adolfo Suarez y primo de Jaime Mayor Oreja, ministro en el gobierno
del Partido Popular de Jose María Aznar.
Correos,
RTVE y Renfe, entre otras
El
listado no termina con las compañías que forman parte del Ibex.
Entre las empresas públicas que pueden tener cambios en su
presidencia figuran Renfe,
ADIF, la agencia EFE, RTVE, Correos, Loterías o Paradores,
ya que también cuentan con participación
estatal.
Por
el momento, dicen desde el sindicato, no hay quinielas. Pero, entre
sus nombres no figuran cargos políticos. “Queremos perfiles
técnicos que
den soluciones
a problemas laborales que
se están enquistando durante años”, afirman.
Sin
ir más lejos, Correos
ha protagonizado la primera huelga de
la era
Sánchez.
Los casi 60.000 trabajadores de la compañía estaban llamados a
paros parciales, que fueron secundados por el 80% de la plantilla a
nivel estatal, por el recorte en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) y la precariedad en el empleo, según los sindicatos.
Desde
CSIF instan al nuevo Gobierno a “dar
ejemplo”,
a poner fin a las “trampas de la contratación temporal en puestos
que deben ser a jornada completa y a dar un portazo a la precariedad
en un sector donde cada vez se
generan más los contratos en fraude de ley”.
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