El
tráfico de personas supone, en la actualidad, una de las mayores
lacras y desafíos a los que se enfrentan los países en el s. XXI y
supone la esclavización por parte de organizaciones criminales
internacionales, con fines de explotación sexual, laboral y otros,
de mujeres, niños y niñas. En nuestro país, además, por su
situación de frontera europea, es un problema especialmente grave ya
que, a diario, se produce la llegada de personas, especialmente
mujeres, obligadas por las mafias a prostituirse. Los datos son
aterradores aunque muy probablemente no se acerquen siquiera a la
realidad y es que durante los últimos años las fuerzas de seguridad
han liberado a más de 5.000 mujeres obligadas a prostituirse y se
calcula que la cifra total de mujeres y niñas obligadas a
prostituirse en la Unión Europea supera las 45.000.
Más
allá de la condena al tráfico en sí y a los que se benefician de
él, creemos que es imprescindible analizar y llevar el foco al otro
extremo de la cadena, hacia el fin de ésta más que al origen
porque, pese a todos los avances que en nuestro país se hayan podido
llevar a cabo, lo cierto es que si se siguen liberando mujeres y
menores secuestradas en prostíbulos es porque sus servicios siguen
teniendo demanda que además resiste a todo intento educativo y de
cambio social.
En
definitiva, si hay prostitución es porque sigue habiendo clientes.
Por tanto, una sociedad democrática, que basa sus cimientos en la
igualdad y el respeto a la vida y los derechos humanos no puede
tolerar la explotación sexual. Por tanto, CSIF,
desde nuestro compromiso con la responsabilidad social, lanzamos un
mensaje contundente y sin matices contra la explotación sexual,
contra el tráfico de seres humanos, de niños y niñas y de mujeres,
y un rechazo rotundo a la práctica de la prostitución en nuestra
sociedad.
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