Fuente: expansion.com
Los
sindicatos estiman una tasa de interinidad próxima al 25% en todo el sector
público.
El
Ministerio de Hacienda y Función Pública se reunirá esta semana,
previsiblemente el martes, con los sindicatos para abordar la interinidad de
los empleados públicos, según informaron fuentes de CSIF.
Al
encuentro en principio acudiría por parte de Hacienda la secretaria de Estado
de Función Pública, Elena Collado, tras la última reunión del pasado 14 de
febrero, a la que asistió también el ministro de Hacienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, y en la que hablaron con los sindicatos más representativos
del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) sobre el empleo público y las
condiciones laborales de los tres millones de funcionarios y empleados
públicos.
En
ese encuentro, Montoro planteó a los sindicatos del sector público reactivar el
diálogo con una negociación a tres años sobre condiciones laborales, aunque evitó
concretar una revisión salarial a la espera de los Presupuestos de 2017 y su
negociación, según explicaron los sindicatos.
De
esta forma, las organizaciones sindicales podrían abordar con Hacienda en el
encuentro de esta semana la sentencia europea que instaba a España equiparar la
indemnización de los trabajadores interinos con la de los indefinidos, y las
medidas a tomar sobre el análisis realizado por el grupo de expertos nombrado
por el Ministerio de Empleo, que recomendó una indemnización por finalización
de contrato de al menos 12 días para los interinos.
Plan
para reducir el número de interinos
Por
el momento, Hacienda está examinando con los sindicatos y las comunidades
autónomas un plan, a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2017, con el que pretender reducir la temporalidad en el sector
público haciendo fijos a los empleados públicos interinos de Educación y
Sanidad, según informaron en fuentes ministeriales.
La
Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que el sector público destruyó
14.600 empleos en 2016 y, según los sindicatos, el 35% de la plantilla del
Sistema Nacional de Salud y el 25% de los profesores no universitarios son
interinos. A nivel general estiman una tasa de interinidad próxima al 25% en todo
el sector público.
La
semana pasada el sector de Educación de la Central Sindical Independiente de
Funcionarios (CSIF) denunció que con la ausencia de oposiciones docentes este
año se dejarán sin cubrir 50.000 plazas, por lo que pidió al Gobierno que apruebe
un decreto ley para que, en el caso de que no haya Presupuestos en 2017, dé
seguridad jurídica a las comunidades autónomas, que son las que convocan las
plazas.
En
cuanto al ámbito sanitario, fuentes de UGT indicaron que la temporalidad en el
sector roza casi el 40%, alcanzando en algunas comunidades el 60%, como en el
caso de Canarias, por lo que reclamaron la eliminación de la tasa de
reposición.
En
el marco de la Mesa de Negociación se constituyeron a finales del año pasado
dos grupos de trabajo, uno con los sindicatos y otro con las comunidades
autónomas. Así, tras producirse una primera reunión intermedia del grupo de
trabajo se entregaron unos documentos a las organizaciones sindicales por parte
del grupo de trabajo de las comunidades autónomas que contenía propuestas para
reducir la temporalidad.
De
esta forma, los sindicatos están trabajando para presentar próximamente sus
alegaciones a dichas propuestas, que volverán al ámbito de la negociación y
podrán consensuarse para alcanzar o no un acuerdo definitivo.
Por
su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), Abel caballero, mantuvo la semana pasada una reunión con Collado, a la
que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales
se fije en el 100%, como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo
perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de
equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.
Según
la FEMP, la norma ha afectado especialmente al a Administración local, que
desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una
reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos. En la Administración
General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de
reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.
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