CSIF valora la iniciativa por el Pacto de Estado promovida en al Congreso de los Diputados y espera que se devuelva este tema a la primera línea del debate político
La
Administración General del Estado tiene pendiente desarrollar un protocolo de
protección y la movilidad entre administraciones
La Central
Sindical Independiente y de Funcionarios celebra la iniciativa aprobada por el
Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a promover un pacto
de Estado en materia de lucha contra la violencia de género, con el voto de
todos los partidos, incluido el PP. CSIF considera vital que las diferentes
formaciones devuelvan la lucha contra la violencia de género al primer plano
del debate social y político, tal y como ocurrió en el pasado, cuando se
empezaron a promulgaron normativa y incrementar los recursos a todos los
niveles.
Dicho
esto, en el ámbito de la Administración General del Estado, ámbito en el que
CSIF es sindicato mayoritario, queda mucho trabajo por hacer. A falta de un mes
para que se cumpla la vigencia del II Plan de Igualdad, solo se ha ejecutado un
29 por ciento de las medidas, entre las que se encuentran las dirigidas de
manera específica contra la violencia de género, tal y como ha constatado CSIF.
En un
informe de cumplimiento, facilitado a este sindicato, el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas reconoce que aún no existe un protocolo de
protección específico para las mujeres en este ámbito, ni siquiera es posible
la movilidad entre administraciones para empleadas públicas.
El
Gobierno, por tanto, tiene pendiente elaborar y difundir un protocolo de
actuaciones dirigidas a la prevención y tratamiento de situaciones de especial
protección que afecten a las empleadas públicas víctimas de violencia de género,
en el ámbito de la Administración General del Estado.
Asimismo,
está pendiente elaborar un Real Decreto que regule el protocolo de actuación de
la Administración General del Estado en el supuesto de acoso sexual y acoso por
razón de sexo. Por su parte, las Unidades de Igualdad de los diferentes
ministerios aún no se han desarrollado reglamentariamente, carecen de recursos
y no están coordinadas.
El
Gobierno también se comprometió a velar para que el desarrollo de la carrera
profesional de las víctimas de violencia de género no se vea afectada por
factores relacionados con la movilidad de la víctima o por aquellas licencias,
ausencias o permisos que deriven de dichas situaciones, en todo caso se
garantizará que dichas circunstancias no conlleven merma retributiva. Pues
bien, esto también está pendiente.
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