Fuente:
eleconomista
El
Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este viernes un
contrato para prestar servicios postales de notificaciones
administrativas y judiciales, por valor de 108,1 millones de euros.
El
acuerdo autoriza la celebración de un contrato centralizado para la
prestación de los servicios postales de notificaciones
administrativas y judiciales en papel para los Ministerios, Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y Organismos del
Sector Público Estatal.
Dentro
de los servicios postales, los servicios de notificaciones
administrativas y judiciales incluyen aquellos envíos que se
utilizan para comunicar actos o resoluciones administrativas y
judiciales y en los que las administraciones tienen establecido
normativamente un procedimiento tasado, con requisitos específicos
para los intentos de entrega, que deben gozar de garantía de
veracidad y certeza.
El
contrato centralizado de notificaciones da continuidad al suscrito el
29 de diciembre de 2016, que se encuentra actualmente en vigor, hasta
el próximo 31 de octubre de 2018. El plazo de vigencia del nuevo
contrato de notificaciones será de 12 meses, prorrogable por un
periodo idéntico, de otros 12 meses adicionales, siendo la fecha
prevista de inicio de efectos del contrato el 1 de noviembre de 2018.
Su
adjudicación se realizará mediante procedimiento negociado sin
publicidad al tratarse de servicios que solo pueden ser encomendados
a una empresa determinada con ausencia de competencia por razones
técnicas.
Por
otra parte el Consejo de Ministros también aprobó este viernes un
acuerdo por el que se autoriza modificar los límites de gasto
establecidos en la Ley General Presupuestaria, con vistas a permitir
a la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del
Ministerio de Hacienda, poder suscribir contratos de soporte técnico
y de administradores en red.
La
IGAE, dentro de sus funciones, necesita suscribir contratos de
soporte técnico y de Administradores de red para ofrecer soporte
técnico e informático a la propia Intervención y a la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos. Los compromisos de gasto por los
que se solicita autorización ascienden a 4,9 millones.
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