En la instantánea, de izquierda a derecha, el Presidente de la U.P Tarragona Àngel Pelejero y los responsables de CSIF Correos Tarragona Óscar y Toni, con compañeros de otras provincias en la plaza de Colón.
Visión general de la concentración.
Cientos de miles de empleados públicos de toda España estuvimos ayer sábado en la Marcha a Madrid! para reclamar al Gobierno y al conjunto de las Administraciones el respeto a nuestra dignidad laboral, el reconocimiento social a nuestra labor, y trasladar nuestro más profundo rechazo a los injustos recortes que hemos sufrido en nuestras condiciones de trabajo, durante los últimos tres años.
Desde primeras horas de la mañana, una marea de ciudadanos empezó a inundar las calles céntricas de la capital en una jornada que desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) consideramos histórica. Sin duda, se trata de la concentración más grande de empleados públicos, en la historia de la democracia, unidos para decir ¡Basta ya!, de una vez por todas, a las medidas injustas e ineficaces.
Desde primeras horas de la mañana, una marea de ciudadanos empezó a inundar las calles céntricas de la capital en una jornada que desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) consideramos histórica. Sin duda, se trata de la concentración más grande de empleados públicos, en la historia de la democracia, unidos para decir ¡Basta ya!, de una vez por todas, a las medidas injustas e ineficaces.
Los ciudadanos y los empleados públicos hemos salido juntos a la calle a decir basta, a defender nuestra dignidad, la calidad en el empleo, a defender los servicios públicos y en definitiva el Estado del Bienestar que hoy es cuestionado por los mercados y las actuaciones irresponsables de políticos de uno y otro signo.
Podemos decir alto y claro que ha sido una jornada histórica sin precedentes. Las mareas de ciudadanos procedentes de todas las provincias de España han inundado las calles de Madrid desde el amanecer.
Una marea de profesionales sanitarios, de personal docente, de trabajadores sociales, de profesionales de la justicia, de la seguridad, de las administraciones, de los ayuntamientos, de Correos y dependencias oficiales de pueblos y ciudades…
Por eso podemos decir que hoy ya hemos empezado a vencer la campaña injusta e insidiosa en la que a los empleados públicos se nos ha intentado culpar del origen de esta crisis. Los ciudadanos y los empleados públicos en particular, hoy estamos diciendo a nuestros gobernantes que nos dejen de tomar el pelo y que tomen las medidas que realmente necesita el país. Porque nos hablan de reformas, pero lo único que vemos son recortes.
Por ello reclamamos al Gobierno que escuche el clamor de las personas que, con su labor diaria, hacen posible el funcionamiento del Estado. El Gobierno tiene un compromiso ético con los empleados públicos y el conjunto de los ciudadanos y no vamos a consentir que destruyan un Estado del Bienestar y un modelo de servicios que, con mucho esfuerzo, hemos construido entre todos a lo largo de la democracia.
Debemos recordar que los empleados públicos hemos perdido un 30 por ciento de su poder adquisitivo, desde mayo de 2010. Pero es que, además de los ataques y campañas de desprestigio sufridas, se han reducido el número de profesores que enseñan a nuestros hijos, de sanitarios que cuidan de nuestros mayores, de empleados postales que nos facilitan las comunicaciones, etc.
Desde CSIF, consideramos que las pensiones, la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad y en general el conjunto de servicios públicos son sostenibles. Lo que no se puede mantener son los aeropuertos peatonales, las decenas de miles de asesores, los eres fraudulentos, las embajadas autonómicas en el extranjero, las duplicidades administrativas, la politización de las administraciones o el saqueo de las cajas de ahorros.
Por el contrario, tenemos la necesidad de que el conjunto de la sociedad trabaje a favor de una Administración más moderna y de calidad. Porque de esta crisis o salimos todos o no salimos ninguno. Y las administraciones públicas no pueden quedar al margen. Deben ser un motor principal de la recuperación económica, con una mejor organización, una mejor gestión y una mayor transparencia.
Por ello reclamamos al Gobierno que escuche el clamor de las personas que, con su labor diaria, hacen posible el funcionamiento del Estado. El Gobierno tiene un compromiso ético con los empleados públicos y el conjunto de los ciudadanos y no vamos a consentir que destruyan un Estado del Bienestar y un modelo de servicios que, con mucho esfuerzo, hemos construido entre todos a lo largo de la democracia.
Debemos recordar que los empleados públicos hemos perdido un 30 por ciento de su poder adquisitivo, desde mayo de 2010. Pero es que, además de los ataques y campañas de desprestigio sufridas, se han reducido el número de profesores que enseñan a nuestros hijos, de sanitarios que cuidan de nuestros mayores, de empleados postales que nos facilitan las comunicaciones, etc.
Desde CSIF, consideramos que las pensiones, la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad y en general el conjunto de servicios públicos son sostenibles. Lo que no se puede mantener son los aeropuertos peatonales, las decenas de miles de asesores, los eres fraudulentos, las embajadas autonómicas en el extranjero, las duplicidades administrativas, la politización de las administraciones o el saqueo de las cajas de ahorros.
Por el contrario, tenemos la necesidad de que el conjunto de la sociedad trabaje a favor de una Administración más moderna y de calidad. Porque de esta crisis o salimos todos o no salimos ninguno. Y las administraciones públicas no pueden quedar al margen. Deben ser un motor principal de la recuperación económica, con una mejor organización, una mejor gestión y una mayor transparencia.
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