Los empleados públicos son la columna vertebral de cualquier sociedad avanzada. Su función principal, el desempeño, en nombre del Estado, de los servicios que éste presta a los ciudadanos, resulta insustituible. Asimismo estos trabajadores hacen realidad las decisiones políticas y legislativas. Poner en tela de juicio el papel de los empleados públicos significa cuestionar los servicios públicos esenciales para la sociedad, tales como la educación, la sanidad, la seguridad, la atención social y la justicia.
Los empleados públicos españoles acceden a sus puestos de trabajo a través de un procedimiento objetivo de selección, establecido de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española. Este personal cualificado debe demostrar su idoneidad al puesto de trabajo. Dicho acceso está abierto a todos los ciudadanos que reúnan los requisitos de las respectivas convocatorias de provisión de plazas. En consecuencia, constituyen un modelo a seguir en la contratación de personal por parte de la Administración muy alejado de la discrecionalidad y poca transparencia con que son incorporados los asesores y demás cargos de confianza.
La estabilidad en el puesto de trabajo garantiza la independencia del empleado público. Evita presiones políticas que atenten contra la neutralidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones. Sorprende que algunos líderes empresariales y determinados grupos ciudadanos cuestionen esta situación. La experiencia de épocas pasadas (p.e. las cesantías del siglo XIX) abundan en la necesaria seguridad laboral de los empleados públicos.
El servicio prestado por los empleados públicos a la sociedad es indispensable y afianza la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los lugares más recónditos del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por la escasa rentabilidad económica.
Se debe recordar que los empleados públicos, que de ningún modo son los responsables de la situación económica difícil que atraviesa nuestro país, ha sido uno de los colectivos más atacados por la política de austeridad de los diferentes gobiernos. La merma en sus derechos laborales y en sus retribuciones, lamentablemente, no se ha visto correspondida con recortes en otras partidas presupuestarias. Vivimos un momento en que es necesaria la compensación por la pérdida de los referidos derechos socio-laborales.
La reducción en el número de empleados públicos redunda en una merma de la calidad del servicio. Por ello, se deben frenar esos recortes de personal que se están llevando a cabo estos últimos años.
CSI-F Tarragona, sindicato representativo en la función pública, reitera su compromiso con los empleados públicos, al tiempo que solicita un reconocimiento por parte de la sociedad a estos trabajadores.
CSIF TARRAGONA, TÚ REFERENTE INFORMATIVO
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