En la conferencia de prensa a nivel nacional del 10 de marzo, ante la crisis del COVID-19 que se avecinaba, Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), exigió mamparas de separación cara al público en todos los centros de trabajo que se prestasen a ello. "La inmensa mayoría de los empleados públicos trabaja cara al ciudadano", razonó.
Un día después, en la reunión del 11 de marzo con la Dirección de Correos, el sindicato trasladaba la necesidad de instaurar estas mamparas en todas las sucursales para proteger a empleados y clientes de un posible contagio. Nos contestaron que no hacía falta, que era exagerado, que el Gobierno no obligaba a ello.
Hoy, 30 de marzo, Correos nos ha comunicado que, a partir de mañana, estas mamparas estarán instauradas en todas las oficinas, porque así lo exigen dos nuevos apartados del Real Decreto sobre el Estado de Alarma en empresas de la naturaleza de Correos que trabajan "la distribución y entrega de correspondencia y productos adquiridos en el comercio por Internet o telefónico".
Significa, por tanto, que la medida que CSIF defendía desde el minuto 1 llega casi con 20 días de retraso. En el camino se deja múltiples problemas de salud traducidos en positivos y contagios de nuestros empleados. Pero en el recuerdo nos deja una lección inolvidable. No sólo es nuestro deber el de anticiparnos al futuro. También lo es el de la empresa y, en este caso, el del Gobierno que está para velar por la salud de sus ciudadanos.
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