Fuente : Economiadigital
Tal como viene siendo habitual por
parte de la CNMC, en su ataque constante contra Correos, la CNMV defiende
que la correspondencia política se licite y separe del servicio postal
universal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
propone quitar a Correos el monopolio de los envíos postales electorales.
Es una recomendación incluida en el informe de auditoría de las cuentas de la
empresa pública sobre los ejercicios 2011 y 2012.
El documento señala las dificultades que tiene
Correos para controlar el coste real de los servicios que
ahora presta para los envíos postales y duda que los envíos electorales deban
estar incluidos en el catálogo de prestaciones del servicio postal universal
(SPU).
Se trata de una propuesta que puede ocasionar un importante perjuicio
económico. Sólo en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, Correos
ingresó 38,89 millones de euros por los envíos postales, más de un tercio del
total del presupuesto destinado al proceso electoral.
Si prospera la propuesta de la CNMC, los envíos postales electorales serían
sometidos a un proceso de licitación pública al que podrían acudir las empresas
operadoras de paquetería.
Elecciones y servicio público
La actual legislación considera los servicios postales
electorales, que incluyen el voto por correo, el envío de datos censales y la
propaganda electoral, como parte del SPU. Por tanto, deben ser cubiertos por la
empresa que gestiona ese servicio público, actualmente Correos.
Competencia estima que los envíos electorales se derivan de obligaciones de
servicio público que impone la Administración de acuerdo con unas condiciones
que en cada caso dependen de lo que disponga el Ejecutivo. Nada tienen que ver
los envíos postales, entiende la CNMV, con las prestaciones del servicio
postal, lo que abre la vía a su contratación con empresas diferentes de
Correos.
Doble financiación de servicios
El informe de auditoría también detecta una serie de
deficiencias cometidas por Correos en la gestión de los envíos electorales,
sobre todo en lo que se refiere a la identificación detallada de los servicios
que presta en este sentido y el coste real de cada uno de ellos.
La CNMC opina que la actual inclusión de los envíos postales en el SPU genera
"un alto riesgo de incurrir en doble financiación de servicios"; es
decir, que se esté pagando dos veces a Correos por cumplir una misma función.
Desde CSIF consideramos que la CNMC tiene una fijación con
Correos, con la intención de desmantelar el Servicio Público de Envíos Postales
en todo el territorio. No hay que olvidar que Correos es la única empresa de
envíos postales que da servicio en todas las localidades del territorio
nacional, a través de enlaces postales y oficinas rurales, prestando el SPU, lo
cual facilita el reparto de las tarjetas censales. Por lógica, si durante 4
años estamos en todas las aldeas de España, que sigamos durante la campaña
electoral realizando los envíos de la campaña electoral. Sin embargo, la CNMC
junto con la SEPI, muy alejados del
contacto con la calle, está generando graves perjuicios a Correos y a los
ciudadanos.
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