La Ley de Igualdad de Zapatero estableció cuatro semanas. El
ejecutivo del PP paralizó su aplicación por la crisis y ahora mantendrá su
restricción pese a que ha recibido informes favorables.
El Gobierno de España tiene previsto aprobar en los próximos meses
el II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado. El borrador del
documento hace caso omiso a la petición del Defensor del Pueblo y no aplica la
Ley de Igualdad en lo relativo al permiso de paternidad de los funcionarios.
El pasado 27 de mayo, los sindicatos de
la función pública fueron convocados a una reunión de la Comisión
Técnica de Igualdad de la Administración General del Estado para
negociar el nuevo Plan de Igualdad que se tiene que aprobar para los años 2015
y 2016.
Fuentes sindicales consultadas por El
Confidencial Digital explican que en esta reunión los representantes
de la administración les presentaron un borrador del Plan de Igualdad que
las centrales consideran “poco ambicioso” ya que, a su entender, sólo incluye
medidas etéreas y no concretas.
Uno de los aspectos que ha provocado la
reacción desfavorable de los sindicatos de funcionarios es el que afecta al
permiso de paternidad de los funcionarios. Según denuncia el sindicato CSIF, el
Gobierno mantiene el permiso de paternidad en dos semanas y se niega a
ampliarlo a cuatro, a pesar de la petición del Defensor del Pueblo.
Aplazamiento año tras año
A principios de este año, la Central
Sindical Independiente de Funcionarios(CSIF) envió una carta al Defensor del Pueblo quejándose
de que el Gobierno llevaba años retrasando la ampliación del permiso de
paternidad que estableció la Ley de Igualdad que aprobó el ejecutivo de
Zapatero en 2007 y que luego se corroboró por una ley concreta de
permiso de paternidad de 2009.
El permiso de paternidad de cuatro
semanas tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2011.
Ya los últimos presupuestos del Gobierno del PSOE, en 2010, aplazaron esta
medida a 2012; después, el primer decreto de medidas urgentes de Rajoy volvió a
retrasar el permiso de cuatro semanas, algo que ha vuelto a ocurrir todos los
años con los Presupuestos Generales del Estado.
Como respuesta a la queja de CSIF, el Defensor
del Pueblo envió el pasado mes de febrero una carta a la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas en la que solicita que no se retrase más la
aplicación del permiso de paternidad de cuatro semanas a los funcionarios.
El Defensor sostiene que si el
Gobierno lleva meses hablando de “recuperación” y “salida de la crisis”,
debe ya implantar esa medida aprobada por ley que es “fundamental para lograr
la conciliación de la vida laboral y familiar”. Es decir, trata de rebatir el
motivo al que ha aludido siempre el Ejecutivo para retrasar esta medida, y que
es el coste económico que supondría para las arcas públicas.
Tampoco se aplicará en 2016
A pesar de esta petición directa del
Defensor del Pueblo -cuyas recomendaciones no son obligatorias pero que tienen
autoridad-, Administraciones Públicas sigue negándose: de hecho, en ese
borrador del Plan de Igualdad para 2015-2016 (que el Gobierno deja claro que es
“a coste cero”) mantiene las dos semanas de permiso de paternidad,
en vez de las cuatro que piden los sindicatos y el Defensor del Pueblo.
En los últimos Presupuestos Generales
del Estado, esta ampliación a cuatro semanas se aplazó al 1 de enero de 2016.
Sin embargo, si como se temen los sindicatos el Consejo de Ministros acaba
aprobando un Plan de Igualdad de la Administración General del Estado muy
similar al que han presentado en un primer borrador, tampoco en 2016 los
funcionarios tendrán más de dos semanas de permiso de paternidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario