El presidente de CSI-F, Miguel Borra, denunció este martes que el nuevo decreto ley sobre ERE que elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá a los pies de los caballos a 700.000 empleados públicos, el personal laboral que trabaja en las administraciones.
En concreto, el decreto va a incluir la posibilidad de que las administraciones públicas apliquen despidos colectivos de empleados públicos laborales cuando sufran caídas del presupuesto superiores al 10%.
La Administración será juez y parte, denunció Borra, que rechazó que se pueda llevar a cabo un ERE en la Administración, cuando la disminución del presupuesto depende de ella.
Además, recordó que la inmensa mayoría de los 700.000 empleados públicos que pueden verse afectados por esta medida han superado procesos selectivos.
Por ello, según reveló Borra, CSI-F pidió, en sendas reuniones celebradas recientemente, tanto al Gobierno, en concreto al ministro Cristóbal Montoro, como al PSOE, que no apliquen esta medida en las administraciones en las que gobiernan.
En el caso de Montoro, con quien se reunieron el pasado miércoles, Borra asegura que les dijo que no está en los planes del Ejecutivo aplicarlo de manera generalizada.
CSI-F, EL SINDICATO
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