El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu investigará al ex presidente de la patronal CEOE Gerardo
Díaz Ferrán y su ex socio Antonio Mata por apropiarse
presuntamente de 453 millones de dólares (417,89 millones de euros) que la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entregó en 2001 a su
compañía, Air Comet, para que los destinara a la "implantación de un plan
industrial" en la recién adquirida Aerolíneas Argentinas.
Así consta en un auto en el que el
magistrado admite a trámite una querella presentada por esta última compañía
contra Díaz Ferrán, Mata y Air Comet como persona jurídica y les imputa
indiciariamente los delitos de apropiación indebida, blanqueo de
capitales, malversación y falsedad documental.
Los querellantes sostienen que, lejos de
poner en marcha el plan industrial y de destinar el dinero de la SEPI en el
pago de responsabilidades por contingencias, los querellados "hicieron
suyas dichas cantidades mediante una operación de compensación de deudas con
otras cantidades que Air Comet adeudaba a Aerolíneas Argentinas, a través de
cuentas corrientes mercantiles que existían entre ambas empresas que formaban
parte del denominado Grupo Marsans", en el que se integraron estas
empresas.
También apuntan que, "a efectos
contables y con el fin de justificar ante el Tribunal de Cuentas el
destino" para el que les habían sido entregadas las ayudas, que fueron
aprobadas por el Consejo de Ministros, los querellados presentaron "varias
certificaciones de auditor" elaboradas por la firma Price Waterhouse
Coopers.
Los querellantes recuerdan que la
Audiencia Nacional condenó en
diciembre de 2013 a Díaz Ferrán a dos años y dos meses de cárcel por un delito
fiscal cometido en esta operación aunque señalan que la causa únicamente se
centró en una ayuda de la SEPI de 319 millones de dólares para el pago de
pasivos.
"Es decir, en total se realizaron
tres pagos por la SEPI, el primero de ellos ya enjuiciado, siendo los otros dos
pagos el objeto de la querella", recoge el auto antes de apuntar que los
querellantes disponen ahora de documentación de la que carecían en el anterior
procedimiento.
CSIF, TRABAJANDO POR NUESTRO FUTURO
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