La oferta de Empleo Público para el año 2015 publicada en el BOE el día 23 de
marzo supone un claro cambio de tendencia con respecto a los últimos años, en
los que los recortes presupuestarios derivados de la situación económica
frenaron considerablemente el número de plazas convocadas. Las cifras generales
bastan por sí mismas para evidenciar dicho cambio: se convocan 11.250 plazas,
7.416 nuevas y 3.834 de promoción interna. Las nuevas multiplican por más de
cuatro las convocadas en 2014, mientras que las de promoción interna crecen un
79%.
Llama la atención además la promulgación por el Real
Decreto-Ley 3/2015 de una convocatoria extraordinaria referida, entre otros
aspectos, a la lucha contra el fraude fiscal (294 plazas) y laboral (150
plazas). Desde distintos sectores de la ciudadanía y ante la lacra de la
corrupción que viene asomando a los medios de forma continua desde hace varios
años, se venía reclamando de forma insistente al Ejecutivo un reforzamiento de
los medios necesarios para combatir esa suerte de plaga que padece España. Es
una respuesta, pero no parece que vaya a ser suficiente ya que según la OCDE
nuestro país es el que menos inspectores de Hacienda tiene por cada mil
habitantes.
Función de
servicio público
Esta convocatoria será sin duda bien recibida por todos
aquellos que estén interesados en preparar oposiciones para iniciar una carrera
como funcionario en cualquiera de las distintas administraciones. Y aunque la
perspectiva de un trabajo fijo sea un acicate importante también lo ha de ser
el desarrollar una carrera cuyo objetivo último es el servicio público, con
todo lo que ello representa.
La independencia de las Administraciones Públicas y de sus
empleados frente a vaivenes políticos, cambios en los cargos de designación
directa y en sus responsables últimos, es el mayor garante con el que cuenta
nuestro sistema para garantizar su correcto funcionamiento, al margen de
injerencias externas e intereses ilegítimos.
En este contexto, unos empleados públicos bien preparados e independientes es un arma destacada y primordial en la lucha
contra el lastre que supone para este país la corrupción. Por lo tanto factores
como la capacitación, la profesionalidad y la independencia en su labor en
servicio de la estructura administrativa del Estado y del ciudadano, les convierte
en garantes no solo del funcionamiento cotidiano sino del mantenimiento futuro
de dicha estructura. En consecuencia, han de articularse medidas efectivas para
evitar injerencias y presiones políticas, así como para la protección de todos
aquellos que desde su actuación honesta como funcionarios decidan denunciar una
irregularidad que afecte a los ciudadanos y los bienes públicos.
Actualmente se vuelve a valorar mucho el trabajo realizado
por los empleados públicos, a los que se les atribuyó innumerables tópicos, a
menudo tan negativos como injustos. Basta pensar en la labor de los
trabajadores de la sanidad, la educación y la seguridad, que constituyen un
alto porcentaje del funcionariado español y aunque puedan existir (como en
cualquier organización) excepciones puntuales, lo cierto es que el nivel de
nuestros funcionarios es sobresaliente.
Ahora bien, sin un funcionariado independiente y honesto,
ajeno a los vaivenes políticos, parece improbable su funcionamiento. Los
gobiernos de uno u otro signo pasan pero los funcionarios permanecen;
limitarles en sus funciones es un derroche que no podemos ni debemos permitir.
CSIF CORREOS TARRAGONA, EL REFERENTE INFORMATIVO
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